La sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en Jagua de Ibirico, el lunes 6 de abril, se vio marcada por un momento de tensión cuando Juliana Guerrero, delegada presidencial ante el órgano académico, recibió fuertes rechiflas de los estudiantes presentes.
La situación se produjo mientras la joven de 23 años participaba con el micrófono para exponer su posición sobre la creación de una nueva sede universitaria.
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En los videos que circulan en redes sociales se observa a Guerrero sentada en la mesa del consejo mientras intenta explicar: “(...) Es decir, es decir, el Gobierno nacional por parte del Ministerio de Educación no puede saber qué se requiere, cómo se requiere y de qué forma, si esta sede no existe todavía”.
Esto decía Guerrero cuando fue interrumpida por rechiflas
Fue en ese instante cuando los asistentes comenzaron a interrumpirla con gritos, alegatos y chiflidos, con los que se dejó claro su descontento con la presencia de la delegada presidencial.
A pesar de los abucheos, Guerrero continuó su intervención y señaló que “necesitamos que se haga por muchas razones, pero sobre todo, incluso por parte de la universidad, tiene que estar firmado jurídicamente para pasar al Consejo Académico y ver qué programas se requieren (...) El Consejo Académico no va a poder seccionar, ver si este municipio o municipio aledaño requiere Economía, Ingeniería Ambiental o cualquier otra, si no existe la sede. No podemos saber qué laboratorios se requieren”.
“Ni siquiera el curso requiere unos laboratorios si la sede, vuelvo a reiterar, o sea, no existe. Entonces, quiero dejar constancia de la relación; por parte del Gobierno Nacional, se tiene toda la voluntad del mundo. Porque esto es un compromiso, el señor presidente se comprometió públicamente (...).
Curiosamente, tras esta intervención, recibió aplausos de un sector y abucheos de otro, lo que dejó en evidencia lo que su figura y presencia en el lugar genera en la comunidad universitaria.
Esta es la razón por la que la figura de Juliana Guerrero es controversial en el Consejo Estudiantil
Y es que este encuentro se desarrolló tras la aprobación, en tiempo récord y sin todos los consejeros presentes, de la elección de Guillermo Echavarría Gil como nuevo rector de la UPC. La sesión careció de la representación estudiantil y la intervención de Juliana Guerrero fue percibida por algunos como clave en la configuración del resultado, el 9 de marzo de 2026.
La joven fue designada por el presidente Gustavo Petro como representante en el Consejo Superior desde el 1 de abril de 2025, luego de su paso como jefa de gabinete del ministro del Interior, Armando Benedetti.
La participación de Guerrero en el consejo universitario es objeto de controversia desde su nombramiento, principalmente por el uso de vuelos oficiales de las Fuerzas Armadas pagados por el Ministerio del Interior para asistir a sesiones y reuniones relacionadas con la UPC.
Estos desplazamientos generaron cuestionamientos sobre la utilización de recursos públicos, dado que su presencia estaba vinculada a asuntos internos de la universidad, como la modificación de estatutos y la influencia en procesos de elección de rector.
Su llegada a la Casa de Nariño y su vinculación con el sector del Pacto Histórico la colocaron en una posición de alto perfil político; de hecho, en su momento fue descrita como una persona de confianza que coordinaba tareas sensibles y garantizaba la logística de agendas ejecutivas.
Sin embargo, la polémica se intensificó cuando se reveló la presunta falsificación de su diploma universitario, ya que se presentaba como profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José sin haber completado los requisitos para obtener el título.
El escándalo generó investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, además de las altas cortes, centradas en determinar el alcance de la presunta falsificación, la intención detrás de la presentación de documentos falsos y la responsabilidad de Guerrero en la gestión de recursos oficiales.
La combinación de estos hechos, junto con su papel activo en la UPC, tachó su reputación y la percepción de la ciudadanía sobre la transparencia en la administración pública.
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