La Junta Directiva de Ecopetrol atraviesa una de sus mayores divisiones tras la convocatoria a una reunión extraordinaria con el presidente Gustavo Petro, en la que se discutirá la continuidad de Ricardo Roa al frente de la empresa.
La sesión, programada para este lunes 6 de abril de 2026, reúne a siete de los nueve integrantes, excluyendo a dos que se han manifestado abiertamente por la salida del actual presidente de la compañía.
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Luis Felipe Henao, exministro y representante de los accionistas minoritarios, entre quienes destacan los fondos privados de pensiones, junto a Ricardo Rodríguez Yee, ex vicecontralor y delegado de los departamentos productores de hidrocarburos, decidieron no asistir al encuentro.
Ambos afirmaron que “la empresa no debe arrastrar riesgos jurídicos y reputacionales por cuenta de las presuntas conductas de Roa”, posicionándose en contra de su permanencia.
En contraste, la mayoría de la Junta, aunque por un margen estrecho, continúa respaldando la gestión de Roa. Entre los defensores de su continuidad figura Ángela María Robledo, presidenta del directorio y exfórmula vicepresidencial de Petro.
La acompañan Hildebrando Vélez, padre de la ministra encargada Irene Vélez, así como Alberto Merlano Alcocer, antiguo vicepresidente de Ecopetrol y exfuncionario distrital durante la administración Petro, junto a otros dos directores.
A pesar de los señalamientos, el mandatario ha reiterado su apoyo a Roa, resistiendo la presión de quienes consideran indispensable su retiro para que pueda responder ante la justicia lejos del cargo.
La decisión que adopte la Junta será determinante para la estabilidad institucional y la imagen de la petrolera estatal, en medio de una crisis marcada por acusaciones de corrupción.
Ricardo Roa en la mira por tráfico de influencias
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se encuentra en el centro de un debate nacional tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación bajo acusaciones de tráfico de influencias vinculadas a la adquisición de un apartamento en una zona exclusiva de Bogotá.
A este proceso se suman cuestionamientos sobre su rol como gerente en la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que ha intensificado los llamados de distintos sectores para que abandone la dirección de la petrolera.
Gustavo Petro, jefe de Estado, ha reiterado su respaldo a Roa y atribuyó la presión por su salida a intereses asociados a grandes contratos del sector energético.
A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo: “Quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron”.
Petro considera que la Junta Directiva de Ecopetrol debe reforzar la transparencia en licitaciones y ampliar la participación de empleados mediante cooperativas.
Según Petro, “la junta directiva de Ecopetrol lo que debe es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos. Ecopetrol puede ser de los trabajadores y del pueblo colombiano”.
Desde el otro frente, Ricardo Roa ofreció detalles sobre la operación inmobiliaria señalada. En entrevista con Cambio, explicó que conoció el apartamento por medio de Juan Guillermo Mancera, quien indicó que la propiedad pertenecía a Princeton International Holding, representada legalmente por Laureano Jean Siegmund Vallenilla.
“Fue con el señor Vallenilla, representante legal de Princeton, el único con quien yo hice el negocio, desde la promesa de compraventa, la escritura pública y todas las diligencias y transacciones para el pago, absolutamente todo lo contrario a lo que se ha tratado de afirmar en algunos medios de comunicación”, sostuvo Roa.
El presidente de Ecopetrol aseguró que desconocía que Serafino Iacono estuviera relacionado con el inmueble y negó retrasos en los pagos.
“Este negocio quedó plasmado en un documento privado hecho el 5 de diciembre de 2022. No es cierto que los pagos se realizaran un año después”, indicó. Añadió que las transferencias se efectuaron “mediante transacciones bancarias con dineros propios de mis ahorros y procedentes también de créditos bancarios, quedando trazabilidad de todos y cada uno de ellos”.
Roa rechazó la versión de la Fiscalía sobre pagos indirectos y defendió la legalidad de las operaciones realizadas.
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