
La decisión del Gobierno colombiano de cambiar un esquema obligatorio de crédito por un programa voluntario de alivio y financiación tras las fuertes lluvias en el norte del país es vista como positiva para el sistema financiero, pero no está exenta de riesgos. Así lo indicó Fitch Ratings, que advirtió que algunas de las medidas adoptadas podrían ocultar temporalmente problemas reales en la capacidad de pago de los deudores.
Tras la emergencia provocada por las lluvias, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150 de 2026. En un primer momento se evaluó obligar a los bancos a prestar dinero a sectores específicos en las zonas afectadas, pero la propuesta fue descartada.
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En su lugar, se adoptó un programa voluntario acordado con el sector financiero, conocido como “Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades - Abrigo”. Este esquema incluye alivios para deudores actuales y la entrega de nuevos créditos, con apoyo de garantías públicas y líneas de redescuento.
Según el informe, el cambio de enfoque evita presiones sobre los bancos. Fitch señaló que un sistema obligatorio “podría haber incrementado los costos del crédito, reducido la liquidez y debilitado la disciplina en la asignación de préstamos”. También advirtió que forzar a prestar sin criterios técnicos habría elevado los riesgos de incumplimiento.

Sin embargo, el modelo adoptado también tiene efectos que deben observarse con cuidado. El programa contempla medidas como la refinanciación de créditos, periodos de gracia de hasta 12 meses sin acumulación de intereses, mantenimiento de la calificación crediticia de los deudores y la suspensión de reportes negativos en centrales de riesgo.
Para la calificadora, este tipo de alivios puede afectar la forma en que se reflejan los problemas en la cartera. “Estas medidas pueden suavizar temporalmente el deterioro de la calidad de los activos al prevenir la migración inmediata de los préstamos a categorías de mayor riesgo”, indicó. En otras palabras, los créditos pueden parecer más sanos de lo que realmente son en el corto plazo.
El informe también advierte que existe la posibilidad de que se retrase el reconocimiento de dificultades en los pagos si la situación económica de los deudores no mejora como se espera. Esto dependerá, según Fitch, de qué tan estrictos sean los bancos al aplicar los alivios y al monitorear los créditos reestructurados.

El programa Abrigo tiene una dimensión considerable. Las entidades financieras proyectan otorgar 2,1 millones de nuevos créditos por un total de 5,2 billones de pesos durante el primer año. Esta cifra representa un aumento del 15% frente a los niveles habituales de crédito en las regiones afectadas.
Los recursos se concentrarán en sectores específicos, con metas de crecimiento del 25% en agricultura, 22% en pequeñas y medianas empresas, 21% en industria, 20% en turismo, 19% en comercio, 16% en vivienda y 10% en consumo.

La cobertura del plan incluye ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Además de nuevos préstamos, el programa incorpora medidas para evitar procesos de cobro judicial y la ejecución de garantías mientras se mantienen los alivios.
A nivel general, Fitch considera que los riesgos para el sistema financiero están contenidos. Los sectores y regiones incluidos en el programa representan alrededor del 14 % del total de la cartera del sistema bancario.
No obstante, la calificadora insiste en que el impacto final dependerá de cómo se implementen las medidas. Factores como los estándares de evaluación de crédito, la proporción entre nuevos préstamos y refinanciaciones, y el uso de garantías serán determinantes para establecer si los problemas de pago se materializan más adelante o se mantienen bajo control.
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