La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó nuevamente al general (r) Mario Montoya Uribe para que rinda su versión sobre la Operación Orión, realizada en octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, Antioquia, como parte de la investigación centrada en los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.
Esta citación está ligada al Subcaso Antioquia del Caso 08, donde la búsqueda judicial en el sector conocido como La Escombrera permitió el hallazgo de estructuras óseas correspondientes a siete víctimas de desaparición forzada, la identificación de cinco y la entrega digna de los restos de cuatro personas a sus familias.
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La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó la diligencia para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 9 a. m. en Medellín, y se centrará en los hechos ocurridos entre 2001 y 2003, cuando se llevaron a cabo varias operaciones de la fuerza pública en la Comuna 13, incluida la Operación Orión, reveló El Tiempo. El general retirado Montoya Uribe ocupó la comandancia de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2001 y 2006, periodo en que la institución fue señalada por su participación en estos operativos.
La investigación determinó que en ese lapso se cometieron crímenes atribuidos a miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), organismo dirigido entonces por el general (r) Gallego Castrillón entre 2000 y 2003. Este último también fue citado en diciembre de 2025 para rendir versión sobre el conocimiento de los crímenes cometidos en la zona.
Las víctimas: hallazgos forenses e identificación
En 2025, las labores de búsqueda coordinadas por la JEP en La Escombrera arrojaron resultados contundentes. Las autoridades recuperaron restos óseos de siete personas víctimas de desaparición forzada, lograron identificar a cinco de ellas y entregaron a sus familias los restos de cuatro víctimas.
El Caso 08, abierto el 30 de agosto de 2022, tiene por objetivo esclarecer los delitos promovidos por la fuerza pública, en muchos casos en cooperación con grupos paramilitares, durante el conflicto armado. Las pesquisas recientes aportaron claridad sobre la magnitud de las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 en el contexto de la Operación Orión y otros operativos paralelos realizados en el mismo periodo.
Acusaciones y contexto judicial contra Mario Montoya Uribe
El papel del general (r) Montoya Uribe como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército fue central en la planificación y ejecución del despliegue militar que intentó desalojar a los grupos guerrilleros de la zona. La JEP lo llamó a rendir versión sobre presuntos hechos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública durante y tras la Operación Orión.
Organizaciones de personas afectadas por el conflicto señalaron a Montoya Uribe como uno de los principales responsables de violaciones de derechos humanos en la Comuna 13, especialmente por los casos de desapariciones que tendrían como destino final los terrenos de La Escombrera.
A la par, la JEP señaló que el general habría promovido una cultura donde el número de bajas se convirtió en el principal indicador de éxito militar, utilizando expresiones como “litros, ríos o barriles de sangre” para referirse a los resultados. De este modo, las unidades que más reportaban muertes recibían reconocimientos e incentivos, con ello reforzando el ciclo de criminalidad en el que las víctimas fueron civiles desarmados y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
La investigación describe tres patrones principales de ejecución: la detención y asesinato de personas acusadas de pertenecer a grupos armados sin que existiera combate real; el engaño a civiles vulnerables, a quienes se ofrecían trabajos o traslados antes de matarlos; y la ejecución de personas ya capturadas, rendidas o fuera de combate, presentadas luego como bajas legítimas.
Estos hechos, según la indagación judicial, continúan siendo objeto de esclarecimiento y marcaron avances en la identificación y dignificación de las víctimas, así como en la reconstrucción de la verdad histórica en torno a la intervención de la fuerza pública y sus consecuencias en Medellín.
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