
Luego de que la Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por su presunta participación en la agresión que resultó en la muerte del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en la localidad de Barrios Unidos (Bogotá), las autoridades aún siguen tras la pista de otra de las involucradas aquella madrugada del 31 de octubre de 2025.
Los dos señalados permanecen privados de la libertad en un establecimiento carcelario, y hasta el momento lo que se tiene por parte de las autoridades es que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado a la víctima después de que esta abandonara un establecimiento comercial en compañía de otra persona (uno de sus mejores amigos).
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Las cámaras de seguridad del sector y otros elementos materiales aportados al proceso demuestran que el estudiante de la Universidad de los Andes, ante la agresión inicial, intentó alejarse hacia el occidente de la ciudad con la intención de tomar un transporte.
Sin embargo, según las autoridades, ambos imputados persiguieron al joven y lo alcanzaron en una esquina del sector.
El informe oficial sostiene que González Castro le dio una patada por la espalda que provocó la caída del estudiante, quien quedó en estado de indefensión en el suelo. Suárez Ortiz continuó golpeando a la víctima cuando ya estaba en el piso.
Justo en ese punto aparece la tercera persona que sigue siendo buscada en 196 países del mundo: Kleidymar Paola Fernández Sulbaran.

Sobre ella permanece activa una circular roja de Interpol. Ella es conocida como la mujer del disfraz azul, se convirtió en el foco de la investigación internacional que sigue el rastro del asesinato de Moreno.
Fernández, de 24 años y oriunda de Ojeda, Zulia, Venezuela, es señalada como instigadora central del crimen ocurrido tras una fiesta de Halloween en Bogotá, lo que llevó al ente investigador colombiano a solicitar su búsqueda a los países miembros de Interpol.
El impulso de esta orden internacional surge tras la declaración de un testigo clave que modificó el rumbo del caso.
La figura de Kleidymar Paola Fernández irrumpió en el expediente luego del testimonio directo que la posiciona como pieza clave en la instigación del ataque.
De acuerdo con una grabación obtenida por La FM, este testigo relató: “Escuché cómo Kleidimar Paola Fernández le gritaba una y otra vez a Ricardo González: ‘No lo dejen ir, acábenlo. No lo dejen ir, acábenlo’”.
Esta afirmación condujo a la Fiscalía a solicitar la expedición de la circular roja y consolidó el carácter fugitivo de Fernández, que hasta ese momento ejercía actividades comerciales y de asesoría en ventas en Colombia y frecuentaba un gimnasio en el sur de Bogotá.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Suárez Ortiz y González Castro el delito de homicidio doloso agravado. La Fiscalía confirmó que los implicados seguirán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Cronología de la noche trágica
La noche del 30 de octubre de 2025 se celebró la tradicional fiesta “Relaja La Pelvis: Villains” en Before Club, local de Chapinero, Bogotá, organizado por estudiantes y egresados de la Universidad de los Andes.
Aunque el ingreso era solo para mayores de 21 años, Jaime Esteban Moreno, de 20, logró entrar con un grupo de amigos.
La fiesta transcurrió con normalidad, según la administradora del local (la representante a la Cámara María del Mar Pizarro), hasta que cerca de las 3:00 a.m. del 31 de octubre, las cámaras de seguridad registraron la primera de dos agresiones sufridas por el joven.
Diversos registros fílmicos y testimonios recogidos por la Fiscalía y medios como Noticias Caracol y W Radio muestran cómo, minutos después de salir del bar, Moreno fue atacado por Suárez Ortiz y González Castro.

Ambos, camuflados en disfraces y acompañados por dos mujeres, persiguieron y golpearon con brutalidad a la víctima, quien quedó gravemente herida en la vía pública.
La investigación y las pruebas clave
Policías del cuadrante actuaron tras la alerta de un reciclador y personal de seguridad de la zona, trasladando a Moreno a un centro médico en Chapinero.
El estudiante fue remitido por trauma craneoencefálico al hospital Simón Bolívar, donde falleció menos de 24 horas después. El diagnóstico fue contundente: muerte por trauma craneano cerrado causado por golpes deliberados en zonas vitales.

Esa misma madrugada, agentes detuvieron a tres personas: Suárez Ortiz, detenido junto a Bertha Yohana Parra Torres y Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, quienes recuperaron la libertad inicialmente.
Después, la Fiscalía confirmó mediante vídeos que, además de Suárez, el segundo atacante fue Ricardo González Castro, quien se entregó de forma voluntaria en Cartagena, y cuya captura fue legalizada el 10 de noviembre en la URI local.
Las pruebas ofrecidas por la Fiscalía señalan la existencia de un acuerdo previo entre Suárez y González para agredir a Moreno y apuntan a Fernández Sulbarán, la “mujer del disfraz azul”, como instigadora directa.
Se excluyó la posibilidad de homicidio preterintencional debido a la manifiesta intención de provocar la muerte y se rechazó la versión de la defensa sobre supuestas lesiones accidentales.
Procesos judiciales y consecuencias
Los procesos se desarrollan por separado para Suárez Ortiz y González Castro, a quienes la jueza 67 de Control de Garantías impuso detención preventiva en centro carcelario tras acusarlos de homicidio agravado.
Ambos imputados negaron los cargos presentados en su momento.

La situación legal se agrava por factores como el uso de disfraces para obstaculizar la identificación y el carácter abyecto del acto.
La Fiscalía formalizó la acusación el 30 de diciembre de 2025 y continúa distintos frentes de acción: la judicialización de los autores materiales y la búsqueda internacional de Fernández Sulbarán.
El caso de Jaime Esteban Moreno provocó una movilización social centrada en el llamado a la justicia. La familia del estudiante, marcada por la tragedia durante las tradicionales fiestas de fin de año, ha evitado exponerse al visionado de los vídeos y solo pide que las investigaciones avancen para que los responsables sean condenados.
En tanto que la Fiscalía mantiene activa la cooperación internacional como una de sus estrategias centrales, mientras explora la posible implicación de una red de complicidades detrás del crimen.
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