Procuraduría le pidió ‘cuentas’ a la Superintendencia de Salud sobre vigilancia a la Nueva EPS tras muerte de Kevin Acosta: solicitó estados financieros

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que refuerce el control sobre los planes de acción de la Nueva EPS, ante las preocupaciones por el acceso y la calidad de los servicios de salud que afectan a más de 11 millones de afiliados.

El objetivo es evitar riesgos para los pacientes y mejorar la gestión de los recursos públicos en un contexto donde crecen las dudas sobre el funcionamiento institucional de la entidad aseguradora.

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La petición principal incluye que la superintendente ad hoc para la Nueva EPS, Luz Marina Munera, amplíe la vigilancia sobre los planes de acción. El foco está en garantizar el derecho fundamental a la salud, evitar perjuicios para la vida o integridad de los beneficiarios y asegurar una administración transparente de los recursos.

“Ante los insistentes llamados y requerimientos a los directivos de la NUEVA EPS en busca de la defensa del derecho fundamental a la salud de sus afiliados, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acciónque eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos", señaló el Ministerio Público.

En el ámbito financiero, la Procuraduría requirió los documentos que acrediten el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024. También pidió información sobre la legalización de anticipos dirigidos a la red de prestadores y proveedores, así como datos sobre la regularización y contabilización de las cuentas médicas.

“Por lo tanto, el Ministerio Público pidió información y medidas adoptadas con soportes acera el giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, etc", indica el comunicado.

Además, la solicitud abarca detalles sobre el giro y auditoría de recursos para el pago de servicios médicos, y el avance del plan de modernización tecnológica de la Nueva EPS, una medida orientada a fortalecer el funcionamiento interno y la gestión administrativa.

“La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024; lo concerniente a la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros", cuenta el comunicado.

Según indicó el Ministerio Público, se fijó un plazo de cinco días hábiles para la entrega de estos informes. La Procuraduría destacó la importancia de la transparencia dada la magnitud de la población vinculada y los desafíos estructurales del sistema.

La atención sobre el desempeño institucional aumentó tras la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un menor de siete años con diagnóstico de hemofilia A severa y complicaciones por inhibidores.

El niño falleció en Bogotá el 13 de febrero de 2026, luego de no recibir durante dos meses el medicamento profiláctico Emicizumab (Hemlibra) que debía suministrarle la Nueva EPS, tras un accidente que agravó su situación clínica. Así lo denunciaron la familia y la Liga Colombiana de Hemofílicos.

A raíz de este caso, la Superintendencia Nacional de Salud inició una auditoría sobre el proceso de atención, desde las barreras administrativas hasta la entrega del tratamiento para enfermedades huérfanas como la hemofilia.

La investigación se centra en verificar si se cumplió con los protocolos de atención y las normas vigentes, y si se aseguraron las autorizaciones y el suministro oportuno del medicamento al paciente.

La entidad advirtió que, si se detectan omisiones o irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas o medidas correctivas, con el propósito de proteger los derechos de quienes se encuentran en el sistema de salud colombiano.