Las derrotas de Sandra Ortiz: así ha buscado su libertad la exconsejera acusada de corrupción

El 18 de febrero, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó por tercera vez una solicitud de la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, que permanece detenida por su presunta vinculación con hechos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este nuevo fallo mantiene a Ortiz privada de la libertad y representa la tercera derrota judicial consecutiva desde que fue vinculada formalmente al proceso, lo que intensifica los cuestionamientos sobre la capacidad de su equipo jurídico para demostrar su inocencia.

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Infobae Colombia repasa los reveses afrontados por los abogados de Sandra Ortiz, acusada de lavado de activos y tráfico de influencias.

Las derrotas de Ortiz en medio del escándalo de corrupción en la Ungrd

Desde que se le relacionó con el caso, Ortiz ha acumulado una serie de decisiones adversas que han impedido su liberación y han sostenido las acusaciones en su contra.

La primera derrota judicial relevante se registró cuando, tras ser señalada como presunta intermediaria en el entramado de corrupción de la Ungrd, fue privada de la libertad de manera preventiva. Desde ese momento, Ortiz ha permanecido detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. La medida de aseguramiento se fundamenta en que la Fiscalía General de la Nación la considera pieza clave en la investigación de recursos desviados y repartidos entre funcionarios públicos y particulares.

En el desarrollo del proceso, la defensa de Ortiz ha presentado múltiples solicitudes para lograr su libertad, todas ellas rechazadas por las autoridades competentes. Una de las estrategias empleadas fue la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la interposición de acciones de hábeas corpus, argumentando que el tiempo máximo de detención preventiva se había cumplido sin que se dictara sentencia en su contra.

Sin embargo, la Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela interpuesta por su defensa, ratificando la validez de la medida de aseguramiento y la continuidad del proceso penal.

Otra línea de defensa consistió en pedir la preclusión del proceso penal bajo el argumento de que los fundamentos del delito de tráfico de influencias habían cambiado desde el momento de la imputación.

Este recurso también fue desestimado por los jueces encargados del caso, que consideraron que los elementos probatorios aportados hasta el momento no justificaban el cierre del proceso ni la revocatoria de la medida de aseguramiento.

En paralelo a los recursos judiciales, Ortiz solicitó acceso a informes financieros de terceros involucrados en el caso, buscando demostrar que no existían pruebas suficientes en su contra o que los fundamentos de la acusación habían variado, pero las solicitudes para obtener dichos documentos fueron igualmente rechazadas, al no considerarse determinantes para modificar su situación jurídica.

A lo largo del proceso, Ortiz ha optado por distintas estrategias públicas y legales que han resultado contradictorias. En entrevistas concedidas a medios de comunicación, la exfuncionaria reconoció la existencia de investigaciones en su contra y admitió haber estado en lugares relacionados con la trama de corrupción; además, manifestó su intención de colaborar con la justicia, solicitando un principio de oportunidad para aportar información relevante sobre los hechos y delatar órdenes superiores.

No obstante, esta postura no se reflejó en las actuaciones de su defensa ante los estrados judiciales, donde se argumentó la inexistencia de los hechos y la vulneración de derechos fundamentales como base para solicitar la libertad o la preclusión de la investigación.

En los juzgados, la defensa de Ortiz ha insistido en que las pruebas en su contra no son suficientes para mantenerla privada de la libertad y ha intentado desvirtuar las decisiones judiciales por diversas vías, incluyendo la argumentación de que los hechos imputados no corresponden con la realidad probatoria del expediente. Además, se ha reclamado supuestas violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, sin lograr que los jueces modifiquen su condición jurídica.