La extorsión a ganaderos y comerciantes constituye uno de los delitos que tiene en jaque la seguridad en el norte de Antioquia, donde grupos armados ilegales ejercen control territorial y financiero sobre comunidades rurales.
El Clan del Golfo es una de esas estructuras delictivas que, pese a que reanudó los diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, continúa ejerciendo actividades criminales contra la población civil.
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Ejemplo de ello es lo que ocurrió en la vereda Helechales, zona rural de Toledo, donde el Clan del Golfo habría organizado una reunión a la que citaron, bajo amenaza, a un reducido grupo de ganaderos y comerciantes del municipio.
De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, el objetivo fue comunicarles el aumento en las cuotas de extorsión que ya venían pagando en la región.
La convocatoria, según información de inteligencia conocida por Teleantioquia, se realizó mediante mensajes enviados por redes sociales. La asistencia fue obligatoria.
En el lugar, cerca de 20 personas escucharon en silencio las indicaciones de los integrantes del grupo criminal, que argumentaron que el incremento obedecía a las actuales “circunstancias de seguridad” en la zona.
La nueva tabla de tarifas impuesta por el Clan del Golfo establece que un ganadero con más de 50 reses debería pagar mensualmente $200.000.
En cambio, para los que poseen una cantidad menor de animales, la exigencia oscilaría entre $100.000 y $150.000.
El pago debe hacerse en efectivo y, según notificaron, un miembro de la estructura criminal acudiría a cada predio durante los primeros cinco días de cada mes para recoger el dinero.
De no realizar los pagos exigidos, las amenazas incluirían medidas como el desplazamiento forzado, el robo de ganado o incluso la muerte. Las autoridades identificaron a alias Mateo como el presunto cabecilla encargado de liderar el encuentro.
A pesar del conocimiento oficial sobre la convocatoria y la presión ejercida, ninguno de los asistentes ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía, se presume que por el temor a sufrir represalias, según señaló el coronel Muñoz, aunque recordó la posibilidad de hacerlo de manera anónima para facilitar la labor de las autoridades.
La injerencia del Clan del Golfo en el área responde a una dinámica de disputa territorial con otras estructuras armadas. En la región, el frente 18 de las disidencias de las Farc también cobra extorsiones a los ganaderos, lo que obligaría a los productores a pagar a ambos grupos para poder permanecer en la zona.
Cabe señalar que el Gobierno y el Clan del Golfo acordaron reanudar la mesa de conversaciones de paz, suspendida desde el 4 de febrero, cuando la organización criminal detuvo el diálogo tras conocerse la propuesta del presidente Gustavo Petro a Donald Trump sobre una posible operación para capturar a Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
El 9 de febrero se realizó una reunión de emergencia en Bogotá entre delegados de ambas partes, cuyo contenido se mantuvo en reserva. Para el 17 de febrero, ambas delegaciones informaron que la crisis quedó superada y que se alcanzaron compromisos para avanzar en el proceso de paz, sin especificar los acuerdos logrados.
Consejo de Seguridad en Toledo liderado por el gobernador de Antioquia
De otro lado, el 17 de febrero de 2026, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lideró un consejo de seguridad en Toledo, en el que solicitó a las autoridades reforzar las investigaciones para esclarecer homicidios recientes y recordó que existen recompensas vigentes por información sobre cabecillas de grupos armados ilegales, incluidas sumas de hasta $500 millones por alias Ramiro y Macho Viejo, y montos menores por otros líderes criminales que operan en el norte del departamento.
“El año pasado fue un año muy violento para ellos; en especial, los homicidios se concentraron en San Andrés de Cuerquia e Ituango. Este año a la fecha registran tres muertes violentas de más respecto al mismo periodo del año anterior. Hay un gran trabajo por destacar de la fuerza pública, el Ejército, la Policía, pero nosotros necesitamos una acción judicial más disuasiva”, dijo Rendón a través de un comunicado.
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