Empresas colombianas pusieron condiciones al Gobierno Petro para que el aumento del salario mínimo no vuelva a ser suspendido

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que establecía un incremento del 23% en el salario mínimo en Colombia para 2026. La decisión obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo documento fundamentado en criterios técnicos y jurídicos.

El tribunal explicó que el Gobierno sustituyó los parámetros técnicos exigidos por ley, como la inflación, la productividad y el Producto Interno Bruto (PIB), por conceptos como “salario vital” y “brecha de suficiencia material”, que no están contemplados en la Ley 278 de 1996. El Consejo de Estado resaltó que estos criterios no pueden ser reemplazados “por métricas externas ni por estudios internacionales”.

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Además, destacó que el aumento decretado “cuadruplica la inflación y multiplica la productividad”, lo que convierte la justificación en una motivación retórica sin el respaldo legal necesario. Para evitar un vacío normativo que perjudique a trabajadores y empleadores, la entidad ordenó expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días. Durante ese periodo, los patrones están obligados a mantener el pago del salario mínimo vigente, de acuerdo con la normativa anterior.

Respaldo jurídico y llamado de atención

Al respecto, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que preside Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), manifestó su respaldo a la decisión judicial y llamó al Ejecutivo a acatar la orden.

“En un Estado Social de Derecho, el control jurisdiccional de los actos administrativos constituye una garantía esencial de legalidad, equilibrio institucional y seguridad jurídica, por lo que las providencias judiciales deben cumplirse en sus estrictos términos y dentro de los plazos fijados por las autoridades”, señaló.

La organización enfatizó la relevancia social y económica del salario mínimo como instrumento y destacó que cualquier nuevo acto administrativo del Gobierno debe obedecer con “estricta sujeción a la Constitución y a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996”, con lo que se asegure siempre una “motivación técnica y jurídica” adecuada.

Reiteró el “gremio de gremios” que la seguridad jurídica y el respeto institucional son esenciales. Insistió en la importancia de “apegarse a la Constitución y de motivar jurídica y técnicamente cualquier aumento del salario mínimo”, por lo que advirtió sobre el riesgo de emplear criterios ajenos a la legalidad.

Politización del salario mínimo

Lo sucedido sigue generando reacciones desde diferentes partes. Por ejemplo, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial, valoró la decisión del Consejo de Estado y desestimó cualquier intento de politizar el monto del salario mínimo.

“Nada de a las calles ni de proponer acuerdos nacionales para que el salario mínimo siga en $2.000.000. Pero lo que nos sirve es pensar que simplemente con subir el salario mínimo mucho, las cosas se van a solucionar cuando, en realidad, hoy, seis de cada diez personas que trabajan en la informalidad ganan menos de ese salario mínimo”, advirtió.

Para el exfuncionario, el problema central no es la intención de aumentar el salario, sino la dificultad de implementar una política efectiva que permita a más trabajadores acceder a ese ingreso. Precisó que el 56% de los trabajadores colombianos no reciben el salario mínimo porque “allá no existe el salario mínimo”. Añadió que “así que el problema del salario mínimo no es la intención, es la ejecución”.

Rechazó que la discusión se utilice como herramienta política en vez de facilitar la formalidad laboral. Instó al Estado y al sector privado a coordinar estrategias que permitan que más personas se beneficien del salario mínimo y puedan transitar desde la informalidad hasta la formalidad económica.

Un día después del a reunión de la Comisión de Concertación, por medio de X, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, resaltó la importancia de que el Gobierno analice las repercusiones económicas y sociales de la decisión. “Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y los ingresos de más de 1,3 millones de pensionados constituyen una realidad jurídica consolidada que no se puede ignorar”, apuntó.

Efectos sobre la inflación y el empleo

Expresó la preocupación del sector empresarial respecto a los efectos de la decisión sobre la inflación, el empleo, la informalidad y la competitividad. “Reiteramos nuestra preocupación sobre los efectos que sin duda la decisión tiene sobre inflación, empleo, informalidad, competitividad, viabilidad de empresas especialmente las pequeñas y medianas empresas, y los efectos negativos sobre los más de 11 millones de personas con ingresos inferiores al salario mínimo”, afirmó.

Insistió el dirigente en que la situación actual requiere redoblar esfuerzos para proteger el empleo y respaldar a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan un mayor riesgo de sobrevivencia. Solicitó al Estado “concentrar esfuerzos en apoyar a las pequeñas y medianas empresas que tienen riesgo de supervivencia, en mitigar la inflación y en proteger el empleo”.