Un capturado fue presionado para ‘salpicar’ a funcionarios en las interceptaciones a ‘Calarcá’, señaló Gustavo Petro: “Que la Fiscalía se pronuncie”

Los presuntos nexos de las disidencias de las Farc con las Fuerzas Militares y las entidades del Estado colombiano podría tener un giro en la investigación.

Esto se debe a las declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, en las que solicita a la Fiscalía General de la Nación que se aclare sobre la posible mención de dos funcionarios en los documentos interceptados a Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, máximo líder del grupo armado, que había sido detenido el 23 de julio de 2024 en Antioquia.

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En su publicación hecha el domingo 15 de febrero, el mandatario nacional indicó que, dentro de las pruebas realizadas internamente, señaló que las menciones al general retirado Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fueron en fechas posteriores a las comunicaciones recopiladas por las autoridades.

“La fiscalía general debe pronunciarse sobre si en los documentos de prueba recogidos en la interceptación de Calarcá, estaban las pruebas que acusan a Huertas y a Wilmar del DNI”, explicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

A su vez, Petro declaró que la inclusión de los dos funcionarios fue por parte de un hombre detenido que, según él, habría sido presionado para involucrar a los mencionados.

“Todo indica que las pruebas contra las dos personas que señaló alguna prensa, es de fecha posteriores. Se trata de declaraciones de un preso capturado por mi gobierno, al que supuestamente se le presionaba por personas ajenas al proceso para declarar en contra de los funcionarios”, manifestó.

Además, el mandatario nacional aseguró que uno de los nombres no se trataría de un funcionario estatal sino de un hombre que estaría en las filas de las disidencias de las Farc.

“El Wilmar mencionado en documentos, es el tercer hombre del frente 38, de los grupos del EMC, divididos y no el funcionario del gobierno que acusó la prensa (sic)”, indicó.

Por último, reiteró su mensaje a la entidad acusatoria, liderada por Luz Adriana Camargo, para que se aclare si hubo o no la participación del general Huertas y de Wilmar Mejía.

“Sería muy importante, hecha la evaluación de los documentos recogidos hace un año en la interceptación de alias “Calarcá”, que la fiscalía indica si en esas USB y celulares en realidad se menciona al general Huertas y a Wilmar, subdirector de inteligencia”, concluyó.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se conocen luego de que el periodista Jorge Espinosa revelara que los exoficiales Edwin Masleider Urrego Pedraza y Óscar Miguel Moreno Arroyave fueran retirados de sus cargos como coronel y mayor, tras supuestas acusaciones de querer introducir sustancias ilegales en la caravana presidencial durante su visita a Estados Unidos, para su encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump, celebrado el 3 de febrero de 2026.

Lo curioso del caso es que los dos oficiales salientes, según el comunicador, habían liderado el operativo contra la caravana que llevaba a alias Calarcá y otros miembros de las disidencias en Antioquia.

Detalles del caso

El origen de este caso radica en la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que informó sobre archivos digitales –incluyendo chats, fotos y correos electrónicos– obtenidos de dispositivos incautados a alias Calarcá y sus hombres durante la detención de una caravana en Antioquia en julio de 2024.

Estos documentos sugieren que, mientras las disidencias mantenían mesas de diálogo y participaban en ceses al fuego con el Gobierno, utilizaban sus nexos para fortalecerse militarmente y continuar con crímenes como asesinatos de firmantes de paz y reclutamiento de menores.

Se investiga si Wilmar Mejía, en su calidad de exdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), proporcionó información estratégica al grupo armado, ya que los archivos apuntan a contactos directos entre él y emisarios de las disidencias.

Respecto al general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, los señalamientos incluyen comunicaciones con las disidencias incluso durante su periodo de retiro, previo a ser reincorporado por el Gobierno actual.

Tanto Huertas como Mejía rechazaron públicamente las acusaciones y argumentaron que los contactos con miembros del grupo armado formaban parte de actividades autorizadas o “típicas” de sus funciones, una versión que tanto la DNI como el Ejército investigan de forma interna.

La Procuraduría General de la Nación los suspendió provisionalmente por tres meses en noviembre de 2025, medida confirmada en enero de 2026 para evitar posibles interferencias en la investigación disciplinaria.