Exjefe anticorrupción de la Policía que estaba refugiado en Estados Unidos pidió protección a la Cidh: decreto presidencial lo obligó a regresar a Colombia sin medidas de seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) activó un proceso de revisión urgente tras la denuncia presentada por el teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, exjefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Policía Nacional, quien advirtió que su vida y la de su familia enfrentan un peligro excepcional luego de que el Gobierno colombiano ordenara su retorno inmediato desde Estados Unidos sin garantías de seguridad.

En entrevista con Infobae Colombia, Mora Cortés afirmó que la decisión estatal lo deja en una situación de extrema vulnerabilidad, pese a que persisten amenazas asociadas a su papel en investigaciones de corrupción de alto impacto.

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“Tengo miedo porque Colombia es un país bastante complejo, y este tipo de investigaciones toca fibras sensibles; hay personas hoy prófugas de la justicia. Mi seguridad y la de mi familia tienen que ser extremadamente custodiadas”, señaló el oficial.

El caso llegó al sistema interamericano tras la expedición del Decreto 0068 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, que ordenó la terminación anticipada de la comisión diplomática y académica que Mora Cortés cumplía en Estados Unidos.

Según la defensa, encabezada por el abogado Andrés Guzmán Caballero, el decreto no contempla ninguna medida de protección, a pesar de que tres organismos de control del Estado reconocieron expresamente la gravedad y actualidad del riesgo que enfrenta el oficial y su núcleo familiar.

Uno de los argumentos centrales presentados ante la Cidh es que la amenaza dejó de ser potencial para convertirse en inminente desde la emisión del decreto. De acuerdo con el expediente, todas las medidas oficiales de protección —vehículo blindado, escoltas, chaleco antibalas y vivienda fiscal— fueron desmontadas sin una justificación de fondo.

“Los tres órganos de control reconocen, cada uno desde su competencia, que el riesgo es real, grave, subsistente y requiere actuación inmediata”, subraya la solicitud.

Mora Cortés explicó a Infobae Colombia que, tras la notificación del decreto, no recibió respuesta concreta por parte de la Policía Nacional sobre su seguridad. “No he recibido respuesta alguna en materia de seguridad… Todas las entidades del Estado se rotan esta responsabilidad y nadie define nada, pero pretenden que en veinticuatro horas regrese sin que existan garantías”, afirmó.

El origen del riesgo, según la defensa y el propio oficial, está directamente ligado a su trabajo como jefe anticorrupción, cargo desde el cual lideró investigaciones sobre multimillonarios desvíos de recursos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como procesos contra funcionarios de alto nivel y estructuras criminales.

En la entrevista, Mora Cortés recordó que durante cinco años estuvo al frente de “los casos más grandes de corrupción del país”, algunos de los cuales aún están en curso.

En noviembre de 2025, la Dirección de Protección notificó la terminación del esquema de seguridad alegando el vencimiento del período correspondiente. Para la defensa, esa decisión agravó el riesgo.

“La dejación del cargo no elimina la amenaza; por el contrario, la incrementa al perder la protección institucional”, explicó Guzmán en el documento remitido a la Cidh.

Esta posición fue respaldada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que solicitaron formalmente nuevas garantías y recomendaron evaluar la inclusión del oficial en el Programa de Protección a Testigos y Víctimas.

Durante la conversación con Infobae Colombia, Mora Cortés también se refirió al impacto de la situación en su familia, que se encuentra radicada en Estados Unidos desde su traslado diplomático. “Mi esposa dejó su trabajo, mi hija está estudiando, pero mi esposa ni siquiera sale a la calle. Piensa que nos están persiguiendo. Si aquí en Estados Unidos no nos sentimos seguros, ¿qué puede suceder en Colombia?”, relató.

El expediente presentado ante la Cidh pone especial énfasis en la protección de su hija menor de edad, a quien considera titular autónoma de derechos conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. Según la defensa, un retorno forzado sin garantías vulneraría simultáneamente su derecho a la seguridad y a la unidad familiar.

A nivel institucional, el caso se inscribe en un contexto más amplio que la defensa describe como una “purga sistemática” dentro de la Policía Nacional desde 2022, con más de 200 oficiales retirados o trasladados mediante decisiones administrativas, varias de ellas relacionadas con investigaciones de corrupción.

La Cidh reconoció la urgencia del caso y recibió a Mora Cortés en una audiencia excepcional para evaluar la solicitud de medidas cautelares. “La Cidh nos recibe urgente, eso no ocurre normalmente. Escucharon nuestro caso y activaron el mecanismo por la gravedad del riesgo”, explicó el oficial.

Mientras la solicitud sigue en trámite, Mora Cortés interpuso un recurso de reposición ante la Presidencia de la República solicitando la revocatoria del decreto o, al menos, la definición de garantías reales de seguridad.

“A mí no me interesa discutir si me devuelven o no, sino que existan garantías reales, no documentos de papel”, concluyó, reiterando que su único objetivo es proteger su vida y la de su familia.