El grupo delincuencial Los Toyotas fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación después de que doce de sus presuntos integrantes fueran capturados y señalados de hacerse pasar por disidencias de las Farc para ingresar a fincas, someter a sus ocupantes y robar pertenencias y vehículos de alta gama en Meta y Cundinamarca.
La investigación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales estableció que Los Toyotas fingían ser miembros de la denominada Segunda Marquetalia, una de las facciones residuales de la antigua guerrilla de las Farc.
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De esta manera, intimidaban a los habitantes de zonas rurales en municipios como San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva, Villavicencio y Medina. En cada asalto, los acusados ingresaban con violencia, amenazaban con armas y retenían a los residentes, forzándolos a hacer transferencias bancarias y despojándolos de dinero, joyas y camionetas.
De acuerdo con la información presentada por la fiscal encargada del caso, así operaba esta organición delincuencial:
“Información que se plasma a través de un informe de campo de el 21 de julio del año 2025, donde se pone de presente, a través de una información de una fuente humana no formal, de cómo, al parecer, existe una empresa criminal, donde cierto grupo de personas, al parecer, vienen identificándose como presuntos integrantes de la Segunda Marquetaria de las Farc.
“Hay 30 personas, ingresan a las fincas portando uniformes pixelados tipo ejército nacional, en algunos casos vestidos con prendas de color negro y armas de fuego, pistolas, revólveres, escopetas, y indican que realizan exigencias económicas a las víctimas mientras las retienen en contra de su voluntad por tiempos bastante prolongados. A través de estas, eh, información que se aporta a través de una fuente humana no formal, se indica que la finalidad de esta empresa criminal es nada más y nada menos que hurtar camionetas de alta gama”.
Los investigadores documentaron que algunos de los vehículos robados fueron vendidos a estructuras armadas ilegales, mientras que otros eran desguazados y sus partes comercializadas en talleres clandestinos ubicados en Villavicencio. Esta dinámica permitió a las autoridades reconstruir la conexión entre los hurtos y la cadena local de venta de autopartes.
En la diligencia se especifico algunas de las propiedades que se vieron afectadas y los alias de los responsables: “En fincas que se ha hurtado y se ha exigido diferentes sumas de dinero, pues se encuentran diferentes fincas y se menciona en la finca La Italia, en el municipio de San Carlos de Barahona, en el municipio de Puerto López, de Medina, de Granada, de Fuente de Oro, de Camuyaro y en la ciudad de Villavicencio. Dentro de este mismo informe, su Señoría, se aportan unos alias y unos números de teléfono.
“Entre ellos entonces cuentan con El Guerrillo, alias El Enano, alias Robin, alias Coleador, eh, alias Chigüiro, alias Mi Colta, alias Águila, alias Hamburguesa, alias Chavizoy, eh, alias Cepillo, y entre otros. Dentro de los cuales entonces se aportan unas fechas, unas fechas donde presuntamente han ocurrido diferentes hurtos y se aportan entonces las siguientes: el 2 de abril del 2025, el 16 de abril, el 24 de mayo, el 26 de enero, el 28 de abril y el 14 de junio del año 2025, donde su Señoría, particularmente en esta información nos dice que estas personas para cometer la comisión de estas conductas se movilizan en diferentes vehículos”.
Tras una acción conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional, la Fiscalía identificó y detuvo a doce presuntos miembros de la organización criminal, entre ellos Álvaro Rojas Pinzón, Efrén Quintero Poloche, Edwin Sebastián Quintero Poloche, Óscar Daniel Subides Zea, Jair Isaacs Sánchez, James Camilo Hurtado Quintero, Carlos Eduardo Ávila Meche, Andrés Felipe Navarro Tovar, Jazly Julieth Silva Ruiz, Gelver Arlex Mosquera Amaya, Pedro Antonio Moyetón Rodríguez y Juan Carlos López Lozano.
La imputación incluyó delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación y tráfico de armas de fuego, hurto calificado y agravado y extorsión. Según la Fiscalía, los cargos se atribuyeron de acuerdo con el papel individual de cada capturado en la estructura. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Todos permanecerán con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
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