Presos de la cárcel La Picota se enfrentaron al ministro de Justicia: “No hay agua ni comida y los guardias nos extorsionan”

Una intensa confrontación se registró en la cárcel La Picota durante la visita del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y del director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, cuando un grupo de internos, en su mayoría de origen venezolano, denunció públicamente las condiciones de detención y cuestionó la reciente aprobación de extradiciones hacia su país, que consideran un riesgo para sus vidas.

El intercambio se centró en la falta de garantías básicas y en los presuntos actos de extorsión que, según los internos, ocurren de manera cotidiana dentro del penal.

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Un vocero expuso de manera directa: “No hay agua, no hay comida, no hay medicina. Viven aquí extorsionándonos. Interpol son unos malandros, son unos ladrones”, palabras respaldadas por aplausos de otros detenidos.

Según los testimonios, el suministro de agua es intermitente, restringido a una o dos horas diarias, mientras que en ocasiones permanecen días completos sin poder bañarse ni recibir alimentos adecuados. “¿Eso es dignidad?”, cuestionó el interno, alertando sobre posibles represalias hacia quienes denuncian estas condiciones.

El tema de las extradiciones a Venezuela generó un intenso debate. El vocero cuestionó la política del Gobierno de mantener relaciones diplomáticas con ese país, argumentando que los extraditados se enfrentan a un contexto de violencia y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Nos van a mandar a una dictadura… aquí hay gente que ni siquiera tiene cómo comer. La comida llega hecha con ratas. No nos vengan a mentir en la cara”, afirmó.

El interno insistió en que estas decisiones deben abordarse con transparencia: “Si nos van a enviar a otros países en conflicto, como Venezuela, donde hay guerra y represión, deben hablar de esto de frente. Maduro está preso, gracias a Dios, en una cárcel federal. ¿Por qué nunca lo han reconocido? ¿Por qué mantienen relaciones con un gobierno ilegítimo? Esas son las preguntas que hacemos y necesitamos respuestas claras”

Los internos también denunciaron extorsiones dentro del penal, tanto de líderes de pabellón como de funcionarios de Interpol, mientras que otro interno, en contraste, reconoció su responsabilidad penal y aseguró no buscar privilegios, aunque ratificó que las condiciones penitenciarias afectan a todos por igual: “Cada quien asume las consecuencias de sus actos, pero las dificultades afectan a todos por igual”.

Durante el encuentro, se hizo énfasis en la intermitencia de los servicios básicos: “Usted puede vivir en su casa 24 horas con agua, nosotros no. Una hora con agua, dos horas con agua. A veces nos encierran sin comer, a veces sin bañarnos.”, agregó el vocero, recibiendo gritos de apoyo de sus compañeros.

Frente a estas denuncias, el ministro Idárraga destacó que el Gobierno trabaja para garantizar la atención de los privados de la libertad y mejorar las condiciones penitenciarias.

“Que nadie se encuentre sin su derecho a la salud. Vamos a avanzar, restablecer obras en distintas partes del país y asegurarnos de que quienes salgan de la cárcel no queden solos, sin empleo ni ayuda psicológica. Necesitamos que el Estado se vuelque sobre el privado de la libertad”, afirmó.

El ministro agregó que las acciones del Gobierno buscan dar seguimiento a proyectos de salud y rehabilitación y mejorar de manera progresiva las condiciones dentro de los centros penitenciarios.

“Van a tener una segunda oportunidad. No van a esperar a que salgan y queden por allá solos”, indicó, enfatizando la atención integral que se busca para los internos al momento de su reintegración.

La visita del ministro Idárraga a La Picota puso en evidencia la compleja realidad del sistema penitenciario, marcada por la escasez de recursos básicos, las denuncias de extorsión y la percepción de indefensión de los internos, especialmente de aquellos de origen venezolano.

A pesar de los anuncios sobre mejoras en salud, rehabilitación y seguimiento a proyectos penitenciarios, los presos reiteraron que las condiciones actuales siguen siendo precarias y que las extradiciones a países en conflicto representan un riesgo real para sus vidas.