Línea telefónica usada por Gustavo Petro estaba siendo interceptada por orden de la Fiscalía: Corte Suprema suspendió la medida

La Corte Suprema de Justicia suspendió las interceptaciones a una línea telefónica registrada a nombre de Jaime Ramírez Cobo, figura central en el escándalo por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), al detectar que el presidente Gustavo Petro utilizaba dicho número.

Esta decisión, informada por Semana, impacta directamente en la investigación que involucra a congresistas y altos funcionarios de la Casa de Nariño, ya que la evidencia recolectada a través de la línea ahora limitada incluye comunicaciones directas del presidente y de la embajadora Laura Sarabia en el Reino Unido.

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Desde el despacho del magistrado Misael Rodríguez, la instrucción fue contundente ante el hallazgo: “Esa línea no podía seguir siendo interceptada”, relató una fuente judicial al medio citado.

Esta reacción inmediata contrasta con antecedentes recientes, como el caso del expresidente Álvaro Uribe en 2018. En aquella ocasión, la Corte Suprema, que investigaba a Uribe, mantuvo la escucha de llamadas, incluso tras confirmar que se trataba de conversaciones entre Uribe y su abogado, justificando que existía competencia judicial para proceder.

En el caso de Gustavo Petro, el alto tribunal carece de facultad para investigar al jefe de Estado, que no enfrenta ningún proceso en esa corporación.

Así lo explicaron fuentes del alto tribunal a Semana, situando el uso de la línea en el centro del debate: no está claro oficialmente por qué el mandatario empleaba el número de Ramírez Cobo, alguien señalado como operador político en beneficio de congresistas y funcionarios.

Ramírez Cobo, que trabajó en la Presidencia hasta el 31 de enero de 2024, mantuvo una relación de confianza con Laura Sarabia —de quien fue padrino de matrimonio— durante su periodo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Su proximidad permitió, según lo reconstruido por Semana, que su línea quedara eventualmente disponible para el presidente. Sin embargo, no existe explicación oficial sobre ese uso, lo que agrega incertidumbre al contexto.

El número intervenido pertenece a un hombre mencionado en múltiples testimonios recopilados en la investigación, en la que se le describe como facilitador en la asignación de contratos públicos y en gestiones jurídicas para asegurar esos trámites.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con chats y grabaciones en las que Ramírez Cobo aparece gestionando recursos desde el Ministerio de Hacienda por más de 700.000 millones de pesos.

En uno de estos intercambios, quedó documentado que Ramírez envió a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, una matriz de contratos por 92.000 millones de pesos dirigida a tres municipios.

En estos casos, las listas de contratistas fueron suministradas directamente por representantes a la Cámara: destacan los nombres de Wadith Manzur, de Córdoba, y Karen Manrique, de Arauca, según chats entregados por la exasesora del ministro Bonilla.

El motivo de la intervención telefónica recaía en la necesidad de esclarecer la posible responsabilidad de parlamentarios aforados, ya que Ramírez Cobo figuraba como enlace entre ellos y la administración pública, según la Corte Suprema. Aunque él no cuenta con fuero y, por ende, no está directamente investigado por la Corte, su rol resultó clave para robustecer el expediente contra los congresistas involucrados.

En el plano judicial, no existe de momento ningún cargo formal ni investigación abierta contra Ramírez Cobo, salvo el testimonio directo de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien lo ubica como intermediario entre legisladores y esa cartera.

Otro testimonio incorporado al caso no aportó elementos significativos para la Fiscalía, que ahora busca obtener una nueva declaración que permita avanzar hacia una imputación formal.

Fuentes cercanas al proceso revelaron a Semana que, de formalizarse su vinculación, se le propondría un preacuerdo a cambio de colaboración en la causa contra el exministro Luis Fernando Velasco.

En marzo de 2025 se supo que Ramírez Cobo salió de vacaciones a Europa, una ausencia que coincidió con la reactivación de la pesquisa tras las acusaciones contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados como testigos principales. Las pruebas en poder de la Fiscalía reflejan que Ramírez sostuvo conversaciones con Pinilla y Benavides para acelerar contratos destinados a beneficiar a contratistas referidos por legisladores.

En síntesis, la suspensión de las interceptaciones por orden de la Corte Suprema puso de manifiesto la fragilidad de los controles en torno al uso de líneas institucionales y la complejidad del entramado político y judicial que rodea al exasesor Ramírez Cobo y a la cúpula del poder colombiano.