El urólogo señalado de abusar de 25 mujeres durante consultas privadas en Medellín fue suspendido por la clínica Qlub Quirófanos

Un médico urólogo de Medellín fue suspendido de sus labores quirúrgicas tras ser señalado por al menos 25 mujeres de presunto abuso sexual médico durante consultas privadas.

La clínica Qlub Quirófanos tomó esta decisión y activó sus protocolos internos, mientras la Secretaría de las Mujeres habilitó una línea de atención a víctimas, según informó Semana.

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Las primeras denuncias contra el urólogo surgieron el 19 de enero, cuando la concejala Camila Gaviria publicó en redes sociales la experiencia de una paciente que se sintió incómoda durante una consulta médica por una infección urinaria.

Gaviria detalló al medio mencionado que la paciente identificó el caso tras ver publicaciones en internet y reconoció haber pasado por una situación similar con el mismo profesional.

A raíz de estas revelaciones, otras mujeres relataron episodios parecidos, lo que llevó a la conformación de un grupo de WhatsApp, donde se identificaron coincidencias entre los testimonios. El número de posibles afectadas llegó a cerca de 25.

Según Gaviria, el fenómeno creció cuando las denunciantes advirtieron que los procedimientos recibidos no eran habituales en consultas médicas, lo cual generó sospechas sobre mala praxis.

La dirección de Qlub Quirófanos envió un comunicado en el que reiteró su compromiso con la seguridad de los pacientes y anunció la suspensión preventiva del médico.

La clínica resaltó que dispone de un “protocolo de prevención de abusos”, así como de un canal de denuncias confidencial. Aclararon que no existen quejas o denuncias formales por hechos ocurridos en sus instalaciones, aunque insistieron en que la suspensión responde “a una política institucional de prevención y resguardo”.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Medellín, encabezada por Valeria Molina, recibió reportes sobre violencia sexual en consultas médicas privadas.

Se dispuso de la línea exclusiva 321 467 70 71 para atención directa. Molina explicó que, dada la gravedad y cantidad de casos, las mujeres pueden acceder a una dupla psicojurídica y a defensa técnica si deciden denunciar al urólogo formalmente.

En el ámbito judicial, este caso se agrega a antecedentes previos. Semana accedió a una sentencia del juez sexto administrativo del circuito de Medellín fechada el 22 de abril de 2024, que anuló una sanción de seis meses impuesta por el Tribunal de Ética Médica al urólogo, a raíz de hechos similares reportados desde 2013. La sanción fue anulada por falta de competencia del tribunal, de acuerdo con el fallo.

Entre los incidentes expuestos en la queja de una paciente en 2013, figuraban preguntas sobre prácticas sexuales, solicitudes para desvestirse completamente y tocamientos en zonas íntimas, lo que habría provocado daños psicológicos.

Las denunciantes han destacado la importancia de una respuesta institucional y demanda de justicia para evitar la impunidad en situaciones similares. Por este motivo, la Secretaría de las Mujeres reiteró a Semana su respaldo a las afectadas, asegurando acompañamiento durante el proceso judicial y el acceso permanente a servicios de apoyo.

Este caso visibiliza el reto de lograr una justicia efectiva en casos de violencia sexual en el ámbito médico y la importancia de fortalecer los canales de asistencia para las víctimas.

El Partido Comunes ordena investigación por denuncia de acoso sexual contra dirigente

El Partido Comunes inició una investigación interna tras recibir una denuncia de acoso sexual contra Nicolás Sarmiento Ramírez, dirigente de la colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá.

La víctima, excompañera de trabajo en la UNP, formalizó la acusación ante la Fiscalía General de la Nación y remitió la denuncia por correo a la entidad, según reveló Semana.

Un informe de un grupo feminista, citado por el mismo medio, advirtió sobre la existencia de “múltiples alertas, testimonios desgarradores y pruebas que evidencian un patrón repetido” en casos similares, lo que evidenciaría falta de garantías para que las afectadas denuncien en el partido y la UNP.

El documento también menciona que varias mujeres del entorno laboral manifestaron temor y vulnerabilidad debido a la jerarquía política del señalado y, en algunos casos, señalaron haber recibido amenazas.

El Comité de Ética del partido será el encargado de adelantar la investigación interna y emitir las decisiones correspondientes. En su comunicado oficial, Comunes subrayó la “protección integral de la víctima” e indicó que mantendrá la confidencialidad del caso, priorizará el enfoque de género y la no revictimización, además de ofrecer acompañamiento a la denunciante y coordinación con las rutas institucionales pertinentes.