Así es el “impuesto implícito” sobre el ahorro pensional para millones de colombianos con nuevo decreto del Gobierno Petro

El Gobierno de Gustavo Petro publicó un proyecto de decreto que propone reducir de forma gradual el límite de inversión en activos del exterior de los fondos de pensiones obligatorias. La nueva regulación impondría un tope global del 30% y plantea un retorno estimado de entre $75 billones y $100 billones al mercado local, una medida que generó críticas de gremios y expertos por los posibles efectos sobre el ahorro pensional.

Dicho documento, presentado por el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), adiciona dos artículos al Decreto 2555 de 2010. El cambio afectará de forma conjunta a los cuatro tipos de fondos obligatorios administrados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP): conservador, moderado, de mayor riesgo y el fondo especial de retiro programado.

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La nueva norma no tendría aplicación inmediata. El texto prevé un periodo de transición de cinco años. Durante los primeros tres años desde la entrada en vigor, las AFP deberán reducir la proporción de la cartera extranjera hasta un máximo del 35%. En los dos años siguientes, deberán bajar de manera progresiva hasta llegar al nuevo límite del 30%, que se convertirá en el tope definitivo.

Y es que en la actualidad los fondos administran un acumulado de $529 billones. De ese total, cerca del 48% se encuentra invertido en activos del exterior, según cifras oficiales. El proceso diseñado impediría liquidaciones abruptas: los ajustes de portafolio deberán hacerse al utilizar nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de inversiones en el exterior, sin ventas forzosas.

Repatriación de recursos sin precedentes

Asimismo, la reforma exigirá una repatriación de recursos de una magnitud sin precedentes. Durante los tres primeros años del acuerdo transitorio, se prevé el retorno de cerca de $75 billones. Finalizado el periodo de cinco años, la cifra acumulada podría acercarse a los $100 billones que deberán ser invertidos en proyectos productivos o instrumentos financieros nacionales.

El Gobierno fundamenta la iniciativa en la urgencia de fortalecer el ahorro nacional y destinar mayores recursos a proyectos de desarrollo dentro del país. De acuerdo con los documentos justificativos de la Unidad de Regulación Financiera (URF), el objetivo es alinear el ahorro institucional de largo plazo con las necesidades estructurales de infraestructura, vivienda, energía y sectores productivos de la economía colombiana.

Según datos citados por el Ejecutivo, en el tercer trimestre de 2025 la inversión nacional representaba el 19,7% del PIB y el ahorro el 8% del PIB. La reforma se presenta como respuesta a la brecha entre ambos indicadores y con la intención de potenciar el mercado de capitales local, lo que incrementa las oportunidades de inversión nacional y asegurando la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos previsionales.

Diversificación del ahorro

La propuesta oficial suscitó una fuerte reacción en la comunidad económica. Por ejemplo, por medio de X, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, advirtió que el modelo actual de inversión internacional está alineado con las mejores prácticas en la gestión de portafolios de largo plazo.

El experto resaltó que permitir inversión en el exterior es crucial para la diversificación del ahorro.

“La inversión internacional permite diversificar el ahorro de los trabajadores y acceder a mayores retornos, como la exposición al mercado accionario de Estados Unidos o a beneficios de empresas globales”, señaló. Asimismo, considera que, aunque en el corto plazo los cambios pueden no ser drásticos, a largo plazo habría una afectación a la diversificación que impactaría tanto a los trabajadores afiliados como al propio Estado, responsable de garantizar el derecho a la pensión.

No es mover una cuenta

Desde otra perspectiva, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, planteó inquietudes sobre el impacto operativo de la repatriación de capitales. Dijo que movilizar inversión pensional a Colombia “no es mover una cuenta: es desarmar estrategias que ya están generando rendimiento y rearmarlas en un mercado local más concentrado”.

Insiste la dirigente gremial en que el rendimiento no está garantizado con ese traslado y advierte sobre riesgos de reinversión, liquidez y precio. Defiende que el ahorro pensional debe tratarse como un recurso protegido y rechaza su utilización como solución para necesidades coyunturales de financiamiento público.

Seis riesgos principales

Por su parte, el director de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, identificó seis riesgos principales en la propuesta:

• Va en contra de la diversificación internacional y afectaría los rendimientos futuros de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes.
• Concentrar el ahorro en el mercado local incrementa la exposición al riesgo político, económico y regulatorio colombiano.
• La nueva limitación es un “impuesto implícito” sobre el ahorro pensional, pues impone restricciones sin compensaciones.
• La posibilidad de usar estos fondos en un banco de proyectos controlado desde el Gobierno podría orientar los recursos hacia iniciativas estatales con rendimientos inciertos.

• Posible distorsión en los precios de los activos locales —incluido el propio peso colombiano— causada por la entrada masiva de recursos al mercado nacional.
• Potencial aumento del pasivo pensional, dado que restringir la diversificación y rentabilidad reduciría la capacidad de pago futuro de pensiones.

La obligación de las AFP

Junto a los argumentos y preocupaciones, la reforma también establece mecanismos de control. Las AFP tendrán la obligación de presentar a la Superintendencia Financiera —dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor— un plan detallado sobre los criterios y procedimientos adoptados para cumplir el nuevo régimen, incluyendo la gestión integral de riesgos. Si alguna AFP no logra llegar al tope establecido, deberá remitir un documento técnico justificando la situación, que será sometido a evaluación.

El proyecto faculta al Ministerio de Hacienda para coordinar con entidades privadas y organismos públicos la absorción eficiente de los fondos recién repatriados a través del impulso de proyectos productivos y el establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales.