Abogado y académico opinó sobre polémico contrato por $10.000 millones que firmó Petro para su defensa en Lista Clinton: “La chequera del Estado”

La Presidencia adjudicó un contrato por 10.000 millones de pesos a la firma británica Amadeus Consultancy Limited, liderada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, con el objetivo de brindar defensa jurídica internacional al jefe de Estado, Gustavo Petro, tras su inclusión en la lista Clinton (Ofac). Frente a esto, se conoció el domingo 11 de enero una contundente respuesta, proveniente del reconocido jurista internacional y académico Martín Eduardo Botero.

En efecto, el letrado se ha convertido en una de las voces más severas respecto al millonario contrato, por lo que en sus redes sociales, así como lo hizo tras la confirmación del encuentro que sostendrá Petro con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre lo que serían a su juicio las inconsistencias del proceso adelantado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que buscaría sacar al jefe de Estado de la conocida Lista Clinton.

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Los motivos por los que el contrato del Dapre para defensa de Petro ante EE. UU. está bajo sospecha

“Esto no es política exterior. Es autodefensa con dinero del Estado. Cuando un presidente usa impuestos para pagar abogados que lo saquen —a él y a su círculo— de una lista de sanciones personales, se cruza una línea grave: la confusión deliberada entre Estado y persona. No gobierna para todos: se protege a sí mismo”, afirmó Botero, que precisó que la utilización de fondos del erario para este tipo de actos representan una ruptura entre lo institucional y lo privado.

Y con un mensaje insistió en su argumento. “La pregunta no es ideológica. No es electoral. No es mediática. Es jurídica. ¿Con qué fundamento legal se comprometen $10.000 millones del erario para gestionar un asunto personal —su eventual situación ante Ofac— bajo la apariencia de ‘riesgo institucional’? Porque aquí está el nudo del problema: si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, explíquelo con precisión jurídica y pruebas", agregó.

“¿Por qué los colombianos deben pagar la defensa personal del Presidente y de su círculo frente a sanciones individuales? No hay respuesta legítima que no pase por una conclusión incómoda: no deberían. Si la inclusión en Ofac es injusta, se combate con recursos propios. Si es infundada, se desvirtúa con abogados privados. Si es política, se enfrenta con responsabilidad personal, no con la chequera del Estado“, expresó el jurista en otro extenso mensaje.

Botero, graduado en la Universidad de Siena (Italia) y que es doctor en Derecho Constitucional Europeo, además de ser fundador del Centro Europeo de Justicia Transicional, que insistió en que este caso, exigió claridad jurídica sobre la naturaleza del contrato y la justificación de un gasto que, según su postura, no encuentra sustento en la legislación vigente. Todo esto, al hacer énfasis en que este asunto “no hay tercera vía” que permita hacer un análisis distinto.

Sus críticas la ha hecho basado en su experiencia se centra en derecho internacional y justicia transicional, campos en los que se ha destacado a nivel nacional e internacional. Durante 2025, el académico dio de qué hablar por su análisis a la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al alertar sobre el instrumentalismo judicial en la política y la vigencia de la teoría del “derecho penal del enemigo”; en un caso en el que el jefe de Estado fue declarado inocente.

Los detalles del polémico contrato por $10.000 millones para la defensa de Gustavo Petro

La adjudicación del contrato a Amadeus Consultancy Limited se oficializó luego de que, en octubre de 2025, el abogado Daniel Martin Kovalik declaró en diferentes medios que actuaría en el caso de Petro bajo la modalidad pro bono. No obstante, de acuerdo con la minuta contractual, el acuerdo formal estableció honorarios equivalentes a dos millones de libras esterlinas, pagaderos en cuatro cuotas iguales y sujetos a la entrega de informes periódicos y reuniones técnicas.

El contrato, cuya ejecución se extenderá hasta abril de 2026, estipula pagos mensuales de 500.000 libras esterlinas (unos $2.500 millones), con posibilidad de desembolsos anticipados si la labor concluye antes. En este sentido, la asesoría jurídica incluye análisis técnicos sobre sanciones internacionales, y la confidencialidad de toda la información manejada es una de las obligaciones principales del bufete contratado frente a la defensa del primer mandatario.

Pero otro de los aspectos polémicos de la minuta se encuentra en la justificación de la contratación directa, al señalar que el personal de la planta presidencial no contaba con la especialidad requerida para la defensa ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos. La reacción no tardó en extenderse al escenario político, como la de la senadora María Fernanda Cabal, que hizo énfasis en el cambio de condiciones de la defensa.