El Gobierno nacional decidió eliminar en 2026 uno de los subsidios emblemáticos diseñados para familias desplazadas por la violencia en el Catatumbo, lo que anticipa la desaparición de un apoyo económico clave en una de las regiones más vulnerables de Colombia. Esta medida, según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), forma parte de una reconfiguración de la política pública de protección social, que mantiene vigentes otras líneas de ayuda social en el país.
Al cerrarse este ciclo, cerca de 12.000 personas en el Catatumbo dejarán de recibir el subsidio que, desde el Estado de Conmoción Económica, Social y Ecológica, distribuía $230.000 mensuales a quienes sufrían desplazamiento forzado o confinamiento debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Banco Agrario, responsable de canalizar los pagos, fue la entidad a través de la cual estas transferencias llegaron de manera regular a las víctimas directas del conflicto hasta finales de 2025.
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El fin del subsidio está regulado por el Decreto Legislativo 0323 de 2025, promulgado a mediados del año pasado, que definió los términos y vigencia de la ayuda. El DPS precisó que los desembolsos finales solo estarán disponibles para quienes hayan sido previamente identificados como beneficiarios en el marco de dicho decreto. No se aceptarán nuevas solicitudes ni serán posibles incorporaciones derivadas de actualizaciones extemporáneas.
El último plazo para acceder a este pago especial está próximo a agotarse: un borrador de decreto divulgado en diciembre pasado estipula que restan solo 30 días para que se cierre formalmente el ciclo de este subsidio específico.
Mientras este esquema concluye, el DPS confirmó la continuidad para 2026 de otras transferencias sociales dirigidas a sectores vulnerables. Programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven, Economía para el Cambio y Devolución del IVA seguirán funcionando, respaldados por una asignación superior a $5,3 billones durante 2025. Estas iniciativas tendrán especial énfasis en adultos mayores, jóvenes en situación de vulnerabilidad y hogares priorizados mediante el Sisbén.
Desde el territorio, representantes de organizaciones comunitarias manifestaron inquietud por la decisión. Algunos líderes locales del Catatumbo advierten que la suspensión del subsidio podría dejar a familias sin un ingreso esencial en medio de las persistentes dificultades económicas y sociales derivadas del conflicto armado.
En respuesta a estas preocupaciones, las autoridades reiteraron que trabajarán para facilitar la vinculación de los afectados a otros mecanismos de protección social disponibles.
Aumentan los afectados por conflicto en el Catatumbo
Más de 1.000 personas fueron desplazadas en la última semana de 2025 en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, debido a los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, según describió Luis Fernando Niño, consejero de Paz del departamento, en declaraciones a W radio.
La persistencia de la violencia en la región responde, principalmente, a la existencia de 50.000 hectáreas de coca, un cultivo que, de acuerdo con Niño, “sigue creciendo sin control”. Este escenario llevó a una confrontación abierta entre los dos grupos armados que en el pasado compartían el control del negocio del narcotráfico. Además, el consejero destacó que “no se respeta el Derecho Internacional Humanitario”.
Frente a la situación, Niño explicó que la estrategia actual es aumentar la presencia militar en Catatumbo y pidió adoptar medidas complementarias y efectivas para enfrentar la crisis. A la par, expresó su preocupación por la decisión presidencial de extender por 7 meses la Zona de Ubicación Temporal para continuar las negociaciones con el Frente 33 de las disidencias.
El funcionario también se refirió al ELN y pidió que “se abra cualquier posibilidad de diálogo”; en caso de no lograrlo, instó a tomar “acciones contundentes”.
La Defensoría identificó dos causas principales del desplazamiento: la ubicación de viviendas en medio de los combates, con el riesgo permanente de ataques con drones, y las amenazas directas a la población local. Entre las 1.012 víctimas desplazadas se encuentran 217 niños y 22 núcleos familiares.
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