El Gobierno anunció la decisión de declarar el estado de emergencia económica tras el rechazo del proyecto de reforma tributaria en el Congreso, una medida que permitirá al Ejecutivo adoptar acciones extraordinarias para enfrentar el déficit fiscal y presupuestario que amenaza la estabilidad financiera del país en 2026.
Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, el objetivo principal es recuperar cerca de $16 billones necesarios para equilibrar el Presupuesto del próximo año, una cifra que el Gobierno considera indispensable tras la negativa legislativa a la ley de financiamiento.
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Durante la última rueda de prensa de política económica del Banco de la República, Ávila explicó que la decisión del Congreso de hundir la reforma tributaria obliga al Ejecutivo a buscar alternativas legales para garantizar los ingresos estatales.
El ministro detalló: “Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios para que equilibren el Presupuesto aprobado por el mismo Congreso”.
Añadió que la declaración de emergencia económica permitirá implementar medidas excepcionales para acceder a los recursos que no se lograron por la vía legislativa ordinaria.
¿Pero qué es la emergencia económica, social y ecológica?
Está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, a declarar este estado cuando hechos distintos a la guerra o la conmoción interior perturben gravemente el orden económico, social o ecológico.
Este periodo puede extenderse hasta 30 días, prorrogables, pero no puede superar 90 días en un mismo año calendario. Durante este lapso, el Gobierno queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley, siempre que estén orientados exclusivamente a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.
El Consejo de Estado precisa que estos decretos poseen carácter legislativo, es decir, tienen la misma fuerza jurídica que una ley aprobada por el Congreso.
Sin embargo, la Corte Constitucional establece límites claros: los decretos deben guardar relación directa y específica con la crisis, ser proporcionales y temporales, no afectar los derechos sociales de los trabajadores y están sujetos a un control automático de constitucionalidad.
La Corte puede anular cualquier decreto que exceda el marco constitucional, lo que garantiza que el uso de estas facultades excepcionales no se traduzca en un poder absoluto para el Ejecutivo.
La declaración de emergencia económica no implica la suspensión de la democracia ni la eliminación de los controles institucionales. La Constitución exige que el Gobierno presente un informe detallado al Congreso de la República, explicando las causas de la emergencia y las medidas adoptadas.
Además, el Congreso tiene la facultad de modificar o derogar los decretos durante el año siguiente a su expedición. Por su parte, la Corte Constitucional ejerce un control estricto e inmediato sobre todos los decretos legislativos emitidos en este contexto, con el fin de evitar abusos y asegurar que la excepcionalidad no se convierta en norma permanente.
No es la primera vez que se habla del 5x1.000 en el Gobierno Petro
La propuesta de aumentar el impuesto al 5×1.000 formó parte de un borrador interno de la reforma tributaria que circuló entre el Ministerio de Hacienda y la Dian, en 2024, según reconoció el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en entrevistas recientes.
El ministro explicó que la inclusión de este incremento surgió durante una fase de intercambio de ideas entre funcionarios de Hacienda, la Dian y Planeación Nacional, pero enfatizó que “ese tema está descartado” y que “por ningún motivo” será incorporado en el documento final que se presentará al Congreso. Bonilla también aclaró que el borrador conocido públicamente corresponde a una de las múltiples versiones preliminares y no representa el texto oficial.
En medio de cuestionamientos sobre la veracidad de las informaciones difundidas por distintos medios, el propio Bonilla confirmó que la propuesta sí existió en los documentos internos, aunque reiteró que no habría cambios en el IVA ni se contemplaban nuevos ajustes en ese sentido.
Actualmente, el articulado definitivo de la reforma tributaria sigue en proceso de elaboración, mientras varias propuestas fueron descartadas y otras permanecen en evaluación.
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