Gobierno tendría proyecto para sacar Airbnb de Colombia desde el 18 de diciembre

Los cambios previstos en el marco normativo para las plataformas de arrendamiento turístico han suscitado preocupación en la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), que advierte sobre la posibilidad de un “apagón digital” en el sector a partir del 18 de diciembre.

En opinión del gremio, los nuevos requisitos propuestos en el borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo convertirían el actual sistema de inscripción voluntaria en el Registro Nacional de Turismo (RNT) en un proceso de preverificación administrativa.

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Esta transformación equivaldría a la creación de una licencia obligatoria para operar, incorporando exigencias jurídicas y técnicas que, según la Ccit, exceden los alcances establecidos en la Ley 2068 de 2020.

En el análisis del gremio, las plataformas como Airbnb y otros servicios digitales similares quedarían expuestas a graves riesgos de continuidad, poniendo en peligro ingresos fundamentales para miles de familias y afectando directamente la economía de más de 600 municipios colombianos.

Entre las nuevas condiciones contempladas, destaca la obligación de verificar que los usos de suelo y los reglamentos de propiedad horizontal admitan la prestación del alojamiento temporal, además de una serie de requerimientos documentales que la Ccit considera incompatibles con la realidad operativa. El gremio puntualizó: “Van más allá de la Ley”.

El proceso que condujo a la redacción del decreto también fue cuestionado por la Ccit. Los representantes gremiales aseguraron que ni las asociaciones de plataformas tecnológicas ni los pequeños prestadores de servicios turísticos participaron en las mesas de trabajo, a diferencia de actores de otros sectores.

Asimismo, sostuvieron que la publicación del borrador se realizó “sin análisis de impacto jurídico ni económico”, y que este proceder transgrede los estándares de técnica normativa vigentes en el país. Ante ello, la organización instó al Gobierno a abrir espacios de diálogo técnico para evitar la imposición de una regulación que considera potencialmente devastadora para una industria que en 2024 recibió cerca de 7.000.000 de visitantes extranjeros.

En el debate sobre la corresponsabilidad estatal, la Ccit subrayó que el decreto traslada obligaciones gubernamentales a empresas privadas. Está previsto que las plataformas deban verificar cada semestre la vigencia del RNT, identificar anuncios duplicados y asegurar la interoperabilidad con sistemas estatales aún inexistentes.

El gremio advirtió que resultaría “inviable” responder a estas exigencias, lo cual podría generar la suspensión de las aplicaciones que hoy facilitan el arrendamiento turístico de corta estadía.

El peso económico de esta actividad fue resaltado por Alberto Samuel Yohai, presidente de la Ccit: “Las plataformas de turismo generan más de 215.000 empleos y han aportado más de USD 550 millones al PIB turístico del país. Estas apps impulsan las economías locales, el ecoturismo, el agroturismo y a las comunidades de todo el país”.

Yohai añadió que, por cada USD 10 gastados en alojamiento gestionado por aplicaciones, los turistas destinan USD 48 adicionales a rubros como la gastronomía, el comercio, el entretenimiento y el transporte local.

El gremio también remarcó el papel estratégico de las plataformas tecnológicas para promover el turismo en más de 600 municipios, muchos ubicados en zonas rurales o en territorios PDET donde la oferta hotelera tradicional es limitada o inexistente.

Según la Ccit, dificultar el acceso a este tipo de soluciones perjudicaría de manera particular a los pequeños arrendadores: “Imponer costos y requisitos propios de comerciantes a pequeños prestadores excluiría a miles de familias de clase media que dependen de este ingreso para conservar su vivienda. La mitad de los anfitriones son mujeres y el 15% son adultos mayores”, indicó la organización.

Por último, el análisis de la CCIT establece que, lejos de fomentar la formalidad, la nueva estructura normativa podría derivar en una mayor concentración del mercado en manos de grandes operadores, expulsando a los pequeños oferentes hacia la informalidad y debilitando los mecanismos actuales de trazabilidad y seguridad para usuarios y anfitriones en el entorno digital.