Sector audiovisual colombiano denuncia trabas en trámites ante el MinCulturas: “Para las producciones nacionales el proceso es cada vez más difícil”

Un grupo de productores de cine colombiano ha denunciado que los trámites para obtener la resolución que reconoce proyectos y los certificados de inversión cinematográfica ante el Ministerio de las Culturas enfrentan cada vez más obstáculos y retrasos.

Mediante una carta abierta, decenas de empresas y representantes del sector audiovisual pidieron respuestas al Ministerio sobre las demoras que afectan al cine nacional.

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Los productores sostienen que esos certificados y resoluciones son indispensables para acceder a los incentivos y beneficios fiscales establecidos en la Ley 814. Sin estas autorizaciones, los proyectos pierden inversión, sufren inseguridad jurídica y comprometen su viabilidad, según testimonios citados por Infobae Colombia y la Academia Colombiana de Cine.

Obstáculos administrativos en el reconocimiento de proyectos

Las principales dificultades que el gremio ha denunciado surgen en la emisión de la resolución de reconocimiento de proyecto nacional, un trámite necesario para acceder a inversores y donaciones con beneficios fiscales.

Un representante declaró a Infobae Colombia: “Lo que debía ser un trámite de veinte días hábiles fácilmente se puede convertir en un año”.

Los productores advierten que la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (Dacmi) exige documentación que no está contemplada por la ley, multiplica los reprocesos y genera negativas repetidas, forzando a rehacer solicitudes varias veces. “Se están tomando atribuciones y están solicitando información que no corresponde a la ley”, subrayó la fuente entrevistada.

Por su parte, la Academia Colombiana de Cine, en la carta respaldada por varias empresas, señaló: “La principal preocupación radica en la falta de criterios de evaluación claros, públicos y uniformes. Aunque existe un manual de procedimientos, en la práctica los requisitos cambian a voluntad y criterio de los funcionarios”. Según la carta, esta falta de reglas estables obliga a constantes devoluciones y nuevas exigencias, perjudicando la planificación y la seguridad jurídica de quienes producen cine en Colombia.

Algunos también mencionaron presiones y advertencias informales. Productores dijeron a Infobae Colombia que “hay productores a los que los han llamado para advertirles que si insisten o hablan públicamente, después no les darán ningún peso”.

Las asociaciones del sector reconocen un ambiente de temor a represalias y piden más transparencia.

Impacto económico de los retrasos administrativos

El peso de los obstáculos administrativos recae directamente sobre la economía del sector audiovisual nacional. De acuerdo con testimonios recogidos por Infobae Colombia, la falta de inversionistas ha aumentado, y los proyectos encuentran dificultades para completarse en los plazos.

“El perjuicio es altísimo porque si no salen los certificados de inversión cinematográfica a tiempo, los inversionistas pierden la posibilidad de deducir cifras importantes de su renta y se alejan del cine nacional”, explicó una fuente.

Actualmente, la ley permite deducir hasta el 57,5% de la inversión en cine, por lo que una demora significa una reducción considerable de recursos para los proyectos.

Hasta ahora, 17 empresas han informado formalmente sobre sus casos, aunque el gremio señala que el número real de afectados es mayor y que el proceso de recopilación de datos continúa. Además, hay dudas sobre cómo se otorgan los beneficios.

Algunos entrevistados señalaron a Infobae Colombia que ciertos shows de comedia, relaciuonados con Valencia Producciones, accedieron rápidamente a resoluciones, mientras que películas independientes enfrentan mayores obstáculos.

“Es muy raro porque la ley de cine dice que solo ficción, documental y animación pueden recibir esos beneficios”, indicó uno de los productores.

Demandas del sector cinematográfico colombiano

Las agrupaciones del sector exigen acciones inmediatas y reuniones cara a cara con la participación directa de la ministra y la Secretaría General. La carta abierta advirtió: “Resulta imprescindible que se adelante una reunión presencial y con la participación de quienes tienen la capacidad efectiva de decisión”.

Entre las demandas destacan la adopción de reglas claras, la emisión de criterios de evaluación públicos y uniformes, y el respeto estricto del marco legal por parte de la autoridad administrativa.

El pronunciamiento del gremio añade: “El acceso y uso de beneficios fiscales legalmente establecidos no puede convertirse en un factor de sospecha cuando las actuaciones se realizan conforme a derecho”.

Los productores insisten en la necesidad de recuperar la seguridad jurídica mediante una reglamentación clara y eficiente, que incentive la inversión y el desarrollo creativo del cine nacional.

Incentivos y comparación con producciones internacionales

Las dificultades aumentan al compararse con la rapidez del proceso para producciones internacionales. Productores señalaron a Infobae Colombia que los incentivos fiscales y devoluciones de dinero para proyectos extranjeros funcionan “como un relojito”.

La gestión administrativa para estos fondos, a través de la Comisión Fílmica Colombiana, es vista como mucho más rápida y previsiva.

Este desbalance crea una desventaja para quienes impulsan cine con capital colombiano. “Para las producciones nacionales cada vez está siendo mucho más complicado”, afirmó la fuente.

La diferencia en el acceso afecta tanto la contratación de personal como la calidad de las obras, ya que competir con las tarifas de grandes productoras internacionales es prácticamente imposible.

El gremio teme que la falta de reglas claras y la creciente incertidumbre administrativa reduzcan la capacidad de producción nacional y la retención del talento local, en beneficio de empresas extranjeras.

El sector subraya que proteger el crecimiento y la solidez del cine en Colombia depende de que existan condiciones estables y un entorno legal confiable.