Carlos Camargo asumirá como magistrado de la Corte Constitucional y se posesionará ante la Sala Plena, pese a demanda que busca tumbar su elección

La llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional marca un momento decisivo, ya que su posesión como magistrado le permitirá participar en la votación sobre la reforma pensional, uno de los debates más relevantes que afrontará el alto tribunal en los próximos días.

La ceremonia de posesión está programada para el lunes 29 de septiembre a las 9:00 a. m., en el Palacio de Justicia, bajo la presidencia de Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte.

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El nombramiento de Camargo, que fue elegido por el Senado el 3 de septiembre, responde a la culminación del periodo de José Fernando Reyes, a quien reemplazará en el cargo.

Además de asumir la magistratura, Camargo heredará la responsabilidad sobre la Sala Especial de Seguimiento en Salud, un órgano clave en la supervisión de temas estructurales del sistema de salud colombiano.

La fecha de su posesión no es casual. Según fuentes del alto tribunal, la Sala Plena fijó el 29 de septiembre para que el nuevo magistrado pueda integrarse a tiempo y participar en la discusión y votación de la ponencia sobre la reforma pensional.

Durante esa semana, la Corte abordará la revisión final sobre la subsanación del vicio de trámite en la reforma, lo que permitirá que Camargo ejerza su voto en una decisión de alto impacto.

El acto de juramentación de Camargo se realizará ante el presidente de la Corte Constitucional, en cumplimiento de la sentencia C-134 de 2023.

Esta decisión judicial habilitó a los jueces de las máximas instancias de la rama judicial a jurar ante sus pares, eliminando la obligación de hacerlo ante el Presidente de la República. Camargo será el segundo magistrado en acogerse a este nuevo procedimiento.

Entre los expedientes que asume Camargo se encuentran los relacionados con las Salas de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional.

Estos incluyen la crisis del sistema de salud y la masiva violación de los derechos de la niñez wayuu en La Guajira. La Sala de Seguimiento en Salud tiene bajo su control las órdenes impartidas al Ministerio de Salud sobre el cumplimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos, un tema que ha generado controversias jurídicas en los últimos dos años.

De hecho, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo enfrentó un incidente de desacato por presunta desobediencia a las órdenes de reajustar y pagar estos presupuestos, aunque dicho incidente fue archivado el 22 de julio.

La Corte había ordenado el cumplimiento de estos pagos, fundamentales para que las EPS financien servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC pero incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, recursos que suelen destinarse a tratamientos de enfermedades crónicas o huérfanas.

Además, Camargo deberá revisar el caso de la intervención forzosa de la Sanitas EPS, cuyo expediente fue remitido a la Sala Especial para garantizar la prestación efectiva del servicio a los usuarios.

En cuanto a la protección de los derechos de la niñez wayuu, la Sala de Seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional —integrada por Camargo, Vladimir Fernández y Paola Andrea Meneses— tiene la tarea de verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud y el agua potable de los niños y niñas wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

Según el micrositio de esta célula judicial, hasta la fecha se han emitido 112 autos. El más reciente, publicado el 16 de agosto, declaró que el nivel de cumplimiento de las órdenes sobre el derecho a la alimentación es bajo.

En esa decisión, se señala: “La Sala valoró el objetivo constitucional mínimo segundo, que exige ‘mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria’, en el grado de cumplimiento bajo. Lo anterior, al encontrar que, si bien se reportaron acciones dirigidas a garantizar el derecho a la alimentación de las familias wayuu, estas no responden a las obligaciones y exigencias ordenadas por la Corte en la Sentencia T-302 de 2017”. Esta resolución figura entre las últimas adoptadas por el exmagistrado Reyes.