Juan Manuel Santos salió en defensa de la JEP: “Por primera vez las Farc fueron declaradas responsables de crímenes de guerra”

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso ocho años de restricción de la libertad y trabajos de restauración a siete antiguos comandantes de las Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto, volvió a poner en el centro del debate el alcance del Acuerdo de Paz firmado en 2016. En medio de las reacciones que generó el fallo, el expresidente Juan Manuel Santos decidió pronunciarse públicamente y defender el sentido de los compromisos asumidos entonces.

Santos, artífice del proceso que llevó a la firma de la paz y premio Nobel en 2016, señaló que el país está ante un hecho sin precedentes puesto que, por primera vez los responsables de “secuestrar a miles de colombianos y de empuñar las armas durante casi medio siglo son declarados responsables y sancionados por crímenes de guerra y lesa humanidad”. Para él, ese paso representa un mensaje claro de que los abusos cometidos en nombre de la insurgencia no quedarán sin respuesta institucional.

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En su declaración, el exmandatario reconoció que los castigos definidos por la JEP despertaron inconformidad. “Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero, esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable”, expresó. Aclaró, además, que las sanciones fueron el resultado de una negociación ardua, diseñada para cerrar un ciclo de violencia que había durado más de cinco décadas.

Santos aprovechó su intervención para pedir que el debate no termine por desvirtuar lo alcanzado. “Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”, dijo. Según él, el cumplimiento de los compromisos firmados es clave para sostener la confianza en las instituciones y en la ruta hacia la reconciliación.

El expresidente también explicó por qué es prudente en sus comentarios desde que dejó la Casa de Nariño, evitar que la polarización desgaste los esfuerzos de implementación. Sin embargo, consideró que esta vez era necesario intervenir para “ordenar el país e insistir en la importancia de la verdad”. Reiteró su rechazo a discursos que buscan “desfigurar” el Acuerdo de Paz, como las versiones de que implicó “la entrega del país a las Farc” o la supuesta persecución a otros expresidentes.

Al referirse de nuevo a los señalamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones, insistió en que “la paz no fue un regalo”, sino el fruto de concesiones mutuas. “Y sí, muchos colombianos sienten frustración al ver sanciones mucho menos severas a las que todos hubiéramos querido. Esa es la zanahoria. De eso se trata la justicia transicional para lograr la paz. La realidad es que la guerrilla más grande del continente desapareció, más de 13.000 combatientes se desmovilizaron y entregaron sus armas”, recordó.

Para Santos, la justicia transicional no busca replicar el esquema punitivo ordinario, sino crear condiciones para la verdad, la reparación y la no repetición. En su criterio, lo logrado con la JEP demuestra que es posible investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes atroces, al tiempo que se ofrecen incentivos para quienes decidan contar todo lo que saben sobre lo ocurrido en el conflicto.

El exmandatario resaltó que el enfoque restaurativo de las penas, trabajos comunitarios y proyectos en favor de las víctimas, no pretende minimizar la gravedad de los delitos, sino propiciar escenarios en los que los excombatientes enfrenten a quienes sufrieron por sus acciones y aporten a la reparación colectiva. Ese equilibrio, aseguró, fue uno de los puntos más complejos en las discusiones de La Habana, pero sin él el acuerdo habría sido inviable.

Santos llamó a la sociedad a no perder de vista los avances conseguidos desde 2016, entre los que se encuentra el silenciamiento de los fusiles de la principal guerrilla del continente, el retorno de miles de excombatientes a la vida civil y el fortalecimiento de mecanismos de verdad que hoy permiten documentar violencias que durante años permanecieron ocultas. Advirtió, sin embargo, que esos progresos requieren apoyo sostenido y un clima político que priorice la implementación por encima de los cálculos partidistas.