
Durante un debate de control político sobre el Estatuto de la Oposición, el concejal étnico Taita Óscar Bastidas Jacanamijoy denunció una crisis grave de calidad del aire en Bogotá y la falta de acción urgente frente a un problema que, según sus palabras, “deteriora la salud de los ciudadanos y amplía la injusticia ambiental en la capital”.
Bastidas subrayó que localidades como Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Fontibón son las más afectadas, afirmando: “La contaminación del aire es una crisis de salud pública y una profunda injusticia social”. De acuerdo con datos presentado por el cabildante, en julio de 2025, Bogotá reportó promedios de ICA entre 17 y 26; sin embargo, sectores industriales como Puente Aranda superaron los máximos permitidos según la Resolución 2254 de 2017.
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Además, en agosto, el Índice de Calidad del Aire (ICA) subió a un promedio de 38, marcado por picos de hasta 40 debido a la suma de incendios, polvo por obras y episodios de inversión térmica. Cabe recordar que la calidad del aire se mide a través del ICA, donde valores de 0 a 50 indican condiciones “buenas”, 51 a 100 son “moderadas” y niveles superiores a 100 constituyen alerta por peligro, mientras que valores por encima de 200 representan una emergencia ambiental.
Datos de la Red de Monitoreo Iboca reflejan episodios críticos: la estación Carvajal–La Sevillana registró picos de 162 microgramos por metro cúbico (µg/m³) en material particulado grueso (PM10), con 55% del tiempo en nivel moderado y 24% en regular; Kennedy llegó a 120 µg/m³ en partículas finas (PM2.5); la estación móvil Fontibón reportó hasta 160 µg/m³ en PM10, superando ampliamente los límites normativos.
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La contaminación atmosférica está teniendo un impacto profundo en la salud pública de Bogotá. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en Colombia mueren más de 17.500 personas cada año por afecciones vinculadas a la contaminación del aire y agua. En Bogotá, hasta septiembre de 2025, se han confirmado 224.000 casos de asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), junto con 137 muertes relacionadas con enfermedades respiratorias. Entre las localidades más golpeadas se destacan Ciudad Bolívar, con 23 fallecimientos; Kennedy y Engativá, con 16 cada una; Bosa, con 15; y Usme, con 12 casos.
El concejal Bastidas denunció que los barrios más cercanos a carreteras, fábricas y obras de infraestructura enfrentan el mayor riesgo, lo que constituye una injusticia ambiental que agrava las brechas sociales. En el suroccidente de Bogotá, 14% de las muertes por contaminación se relacionan con problemas cardíacos y 18% con Epoc, mientras se reporta un incremento en hospitalizaciones y síntomas respiratorios en niños y adultos mayores durante los episodios de mala calidad del aire.
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Más allá de los datos de salud, el cabildante cuestionó a las autoridades por no dar respuestas acordes al tamaño de la crisis. Señaló que, pese a los programas oficiales como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (Zuma) y el Plan Aire 2030, el número y frecuencia de los picos de contaminación no han bajado de forma sostenida, y no existen acciones inmediatas para prevenir nuevos episodios críticos.
El concejal denunció fallas en la representatividad y funcionalidad de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire: entre enero de 2024 y abril de 2025, varios equipos clave, como Carvajal, Jazmín, Usaquén, Tunal, Bolivia, San Cristóbal y MinAmbiente, funcionaron por debajo del umbral de datos válidos, lo que impidió consolidar análisis técnicos y mapas de afectación espacial en tiempo real.
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Frente a esta situación, anunció que interpondrá una queja disciplinaria ante la Personería contra la Secretaría Distrital de Ambiente por presuntas faltas disciplinarias, en el marco de la Ley 1952 de 2019. Asimismo, cuestionó la ausencia de estrategias preventivas de la Secretaría de Salud en las zonas más vulnerables y criticó la lentitud de la Secretaría de Movilidad en el avance hacia una movilidad sostenible.

Bastidas señaló que mecanismos como el “pico y placa solidario” se han convertido en una fuente de ingresos fiscales más que en una herramienta real de reducción de emisiones. También cuestionó la paradoja de que la construcción del Metro de Bogotá, que en el futuro promete reducir 171.000 toneladas de gases contaminantes por año, hoy agrava el problema debido al polvo, las talas de árboles y los impactos en localidades como Kennedy y Bosa.
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Entre sus propuestas de solución inmediata, el concejal resaltó la urgencia de articular acciones entre la ciudadanía y la academia, destacando el proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza del aire en el suroccidente de Bogotá D.C.” como un aporte para cerrar brechas institucionales.
Bastidas propuso auditorías independientes a las obras del Metro para controlar el polvo, ampliar las Zuma con participación comunitaria en localidades periféricas, duplicar la flota de buses eléctricos para 2026 retirando vehículos diésel, y poner en marcha programas de prevención para la atención prioritaria a niños y adultos mayores.
“La ciudad debe escucharse, actuar y entender que el aire sucio es un problema ambiental y una injusticia que roba salud y vida”, concluyó Bastidas. Los datos de entidades oficiales, entre ellas Iboca, Rmcab y reportes de salud, ratifican que la calidad del aire sigue siendo un desafío crónico para Bogotá, especialmente en las zonas más expuestas y vulnerables.
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