En Colombia prender la luz, poner la lavadora o mantener un negocio encendido se ha vuelto más caro que en cualquier otro país de América Latina.
Así lo reveló un estudio de la firma Energy Master, presentado en el Energy Master Summit en Bogotá, que ubica al país como el líder indeseado en tarifas de electricidad de la región.
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Hoy, los colombianos pagan en promedio USD 0,20 por cada kilovatio hora (kWh), un precio que supera al de Perú (USD 0,175), Chile (USD 0,148), México (USD 0,132) e incluso Argentina (USD 0,095).
El dato más sorprendente es que la energía aquí resulta más costosa que en Estados Unidos, donde el sector industrial paga USD 0,135 por kWh.
Un alza que no da tregua
El bolsillo lo siente cada vez más. En la última década la tarifa subió un 68 % en pesos colombianos, pasando de $465 a $780 por kWh entre 2015 y 2025.
Esto significa que industrias como la textil pagan hasta un 35 % más que sus competidores en Chile, perdiendo terreno en los mercados internacionales.
Pero no solo las fábricas se quejan. Para los hogares, la electricidad se ha convertido en una de las cuentas más pesadas del mes, justo en un momento en el que la inflación sigue presionando.
¿Por qué es tan cara la luz en Colombia?
El estudio apunta a varios factores:
- Los embalses han perdido capacidad por los efectos de El Niño, obligando a encender más plantas térmicas que funcionan con combustibles importados.
- El país depende cada vez más del gas, pero las reservas solo alcanzan para 6,1 años.
- Hay retrasos en proyectos solares y eólicos, sobre todo en La Guajira, donde más de 80 iniciativas siguen “en veremos” porque no existe la infraestructura de transmisión necesaria.
En pocas palabras: dependemos de energías más costosas y no logramos conectar las renovables a tiempo.
Lecciones de la región
Hace una década Chile era el país con la energía más cara de Latinoamérica, con USD 0,20/kWh. Hoy paga USD 0,148 gracias a que multiplicó por cinco su capacidad solar y eólica y redujo el uso de combustibles fósiles. Colombia, por el contrario, aumentó su dependencia de las plantas térmicas.
El contraste es claro: mientras otros países avanzan hacia tarifas más baratas gracias a energías limpias, Colombia sigue frenada entre trámites, conflictos con comunidades y falta de infraestructura.
Lo que dicen los expertos
Para Alejandro Ramírez, CEO de Energy Master, las empresas no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado solucione todo. Recomienda tres movimientos clave:
- Ser más eficientes con la energía (bombillos LED, motores modernos, control de consumo).
- Generar su propia electricidad con paneles solares, aprovechando la Ley 1715.
- Invertir en baterías de almacenamiento, que permiten ahorrar en horas de menor demanda.
“Estas tres jugadas son la nueva póliza empresarial: menos kilovatios comprados, más generación propia y capacidad de almacenamiento”, aseguró Ramírez.
El riesgo de no actuar
El informe advierte que, si no se toman decisiones rápidas, Colombia no solo seguirá pagando la luz más cara, sino que también podría enfrentar problemas de abastecimiento en menos de una década.
La conclusión es contundente: la electricidad en Colombia no solo pesa en la factura de cada hogar, sino que también le resta competitividad a la industria y frena la llegada de inversión extranjera. Mientras tanto, países vecinos avanzan y demuestran que bajar tarifas es posible con voluntad política y ejecución.
Y el Gobierno quiere subirle a la energía 20%
El Gobierno Nacional presentó un borrador de decreto que propone aumentar en un 20 % el costo de la energía eléctrica, con el fin de recaudar 1.2 billones de pesos.
La medida redefine quiénes podrán acceder a la exención de la sobretasa, lo que impactaría directamente a empresas y sectores que hoy están cobijados por el beneficio.
Según el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, la iniciativa surge de una interpretación del Ministerio de Hacienda y la Dian sobre una reforma tributaria anterior, que había exonerado al sector industrial.
De aprobarse, muchos usuarios perderían ese estatus y tendrían que asumir el incremento en su factura, afectando sus costos de producción y competitividad.
El control de la aplicación recaerá en la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas de energía, que deberán reportar trimestralmente la información de los usuarios, con el objetivo de garantizar la recaudación proyectada.
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