El concejal por Bogotá Daniel F. Briceño denunció públicamente el presunto uso indebido de recursos oficiales por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional.
A través de sus redes sociales, Briceño hizo un llamado a la Vicepresidente Francia Márquez y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que investiguen el empleo de vehículos y personal asignados a la seguridad de altos cargos en actividades ajenas a sus funciones.
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En su mensaje, Briceño señaló que camionetas asignadas a esquemas de seguridad se estarían usando para proyectos personales, exigiendo claridad sobre la situación y recordando la importancia de la transparencia en la administración pública.
Tras la denuncia de Briceño sobre la camioneta, se suma la polémica por el uso de un helicóptero de la Policía Nacional por parte de la vicepresidenta Francia Márquez.
La controversia se desató cuando se difundieron videos que mostraban a la funcionaria llegando a su residencia en Dapa, Valle del Cauca, en un helicóptero oficial.
Ante las críticas, Márquez explicó que su traslado se realiza por razones de seguridad, recordando que en una ocasión sufrió un atentado frustrado en la vía que conduce a su vivienda.
“No me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido”, afirmó en una entrevista con Semana, y añadió que corresponde a un juez determinar si hay alguna irregularidad en el uso del vehículo oficial.
La vicepresidenta también señaló que la polémica refleja prejuicios sobre su origen humilde: “¿Por qué es la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puedo usar? Me merezco que el Estado cuide de mí para poder hacer mi trabajo”, insistió.
La denuncia de Briceño reaviva un debate que ha tomado fuerza en los últimos meses sobre la ética y la responsabilidad en el manejo de recursos del Estado, especialmente cuando se trata de funcionarios jóvenes que han alcanzado cargos de alta responsabilidad sin contar con experiencia suficiente.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Juliana Andrea Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, quien a sus 22 años ha ocupado simultáneamente roles de alta responsabilidad, incluyendo la jefatura de gabinete presidencial, la asesoría del Ministerio del Interior y la encargaduría de la oficina de despacho de la Presidencia.
Documentos publicados por medios nacionales y la revista Cambio muestran que el ministro Armando Benedetti delegó en Guerrero la representación oficial ante el Fondo de Igualdad, entidad que administra recursos superiores al billón de pesos.
En un correo enviado al entonces director del fondo, Ricardo Suárez, Benedetti indicó: “Juliana Guerrero asistirá en mi lugar y tendrá las facultades necesarias”. La relación entre Guerrero y Suárez en el Ministerio de Igualdad ha sido ampliamente documentada.
El 20 de junio de 2025, un avión con matrícula PNC-042 habría salido de Valledupar transportando a familiares y amigos de Guerrero, según las primeras indagaciones.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación para determinar si este desplazamiento, realizado en una aeronave de la Policía Nacional, respondió a intereses personales y no institucionales.
La entidad solicitó pruebas documentales que acrediten el cargo de la funcionaria, los motivos del vuelo, la tripulación, los pasajeros y la carga transportada, con el fin de establecer si se violó la ley colombiana o si existe justificación para el viaje.
Entre los requerimientos, la Procuraduría pidió información sobre convenios entre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para el traslado aéreo de funcionarios, así como la documentación que respalde la legalidad del servicio.
En paralelo, la coronel Andrea Cáceres, directora de Talento Humano de la Policía Nacional, enfrenta acusaciones por el presunto uso de vehículos y personal policial para actividades personales.
Audios y conversaciones obtenidos por la Fiscalía muestran que un patrullero, subalterno de Cáceres, habría realizado diligencias domésticas, como compras de mercado, por orden de la oficial, utilizando un vehículo institucional asignado a la Metropolitana de Bogotá.
Entre las pruebas se incluyen documentos, fotos y minutas de vigilancia que evidencian el uso del vehículo para tareas como llevar a su hijo menor a la escuela o transportar cajas durante una mudanza.
Además, las conversaciones entre la coronel y sus subalternos revelan que los policías bajo su mando habrían sido utilizados como niñeros y mensajeros, apartándose de sus funciones legales.
Por ejemplo, un mensaje enviado por la secretaria de la coronel a la niñera del menor indicaba: “Mi Noricita hermosa. Buenas noches, con la jefe te envío en un sobre de manila tres hojas para la tarea de ética y valores de mi chiquitín, para que por favor le digas al niño en la mañana y se las echen en la maleta”.
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