
El paro campesino que mantuvo bloqueadas las principales vías de Boyacá durante cinco días llegó a su fin tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano. La firma del pacto se realizó en el Puente de Boyacá, donde representantes de los campesinos y miembros del Ejecutivo, junto a autoridades regionales, sellaron un compromiso que busca garantizar derechos, preservar el ecosistema de los páramos y reactivar la economía local.
El acuerdo incluye diez medidas fundamentales que modifican normas ambientales y sociales, permitiendo que los campesinos mantengan su actividad productiva en zonas de páramo y busquen soluciones concertadas para los conflictos por el uso del suelo.
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A continuación, los puntos clave que definieron la finalización del paro:
1. Modificación del artículo 3 de la Resolución 261 de 2018
Se incluirá un parágrafo que garantice los derechos agropecuarios de los campesinos del páramo, evitando el uso del término “exclusión” en las zonas de cultivo.
2. Modificación del artículo 5, numeral 6 de la Resolución 128 de 2017
Esto garantizará a las y los campesinos los atributos del derecho de propiedad, sin más limitaciones que las dispuestas en la Ley y en la Constitución Política de 1991.
3. Reglamentación del Acto Legislativo 001 de 2023
Se establecerán mecanismos de participación comunitaria, priorizando a los campesinos de alta ladera, y se revisarán actos administrativos incompatibles.
4. Fortalecimiento de cadenas agrícolas campesinas
Se incluirá la participación de los campesinos de alta ladera y páramo en Planes de Ordenamiento Productivo, fin de impulsar acuerdos en sectores como carne, leche, papa, cereales y hortalizas.
5. Estudio de revocatoria de resoluciones ambientales
Se iniciará el procedimiento jurídico para revisar las resoluciones 1275 de 2014 que adopta la zonificación ambiental y el ordenamiento de la Reserva forestal del Cocuy y, la 1405 del 2018, que delimita el área de páramo Sierra Nevada El Cocuy. Esto, sin perjuicio de que bajo ninguna circunstancia el páramo quedará desprovisto de un instrumento de protección y control ambiental frente a actividades de alto impacto, particularmente la minería y los hidrocarburos.
6. Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
La Gobernación de Boyacá firmó un convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para brindar asesoría y acompañamiento técnico y jurídico a las comunidades para la presentación de insumos para la revocatoria de las resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018, emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Instalación de mesa técnica sobre la Resolución 138 de 2014
Se conformará una mesa entre el Ministerio de Ambiente, CAR Cundinamarca, Corpochivor y la Federación de Parameros para discutir su impacto en la cuenca alta del río Bogotá, especialmente en Villapinzón.
8. Diálogo sobre territorios excluidos de la frontera agrícola
Se garantizará la participación comunitaria en procesos ambientales, considerando las realidades de cada territorio.
9. Modificación de la Resolución 680 de 2011 por parte de Corpoboyacá
Se suprimirá la palabra “productiva” en el artículo 4, numeral 1, renglón 7. Además, se adelantarán mesas técnicas con la Federación para abordar los POMCAS y los EOTs.
10. Compromiso de la Federación Paramera Campesina del Nororiente de Colombia
La Federación de Parameros se comprometió a cesar las protestas y desbloquear las vías, permitiendo la reactivación inmediata del transporte y el comercio en la región. La Gobernación de Boyacá comunicó que la movilidad se restableció progresivamente desde el 9 de agosto, y se mantienen medidas de seguridad vial en puntos críticos.

Con la firma del acuerdo, se restablece la normalidad y se levantan los bloqueos establecidos en el marco de la movilización. El acuerdo representa un avance en la protección de los derechos campesinos y la defensa ambiental de los páramos. Autoridades como el viceministro Gabriel Rondón y el gobernador Carlos Amaya destacaron que lo pactado ofrece garantías para los productores y asegura un equilibrio entre conservación y productividad. El gobierno y las organizaciones campesinas reconocieron el pacto como un paso firme en el reconocimiento del papel de los habitantes del páramo como aliados naturales en la defensa de estos ecosistemas.
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