La controversia en torno a la Dirección de Impuestos y Aduanas de Buenaventura escaló tras una nueva denuncia del exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes. El funcionario aseguró que, pese a haber descartado un nombramiento recomendado por el entonces embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, esa misma persona figura hoy en la página oficial de la entidad como director de esa oficina estratégica.
El nombre en cuestión es Jerlin Arley Campo Angulo, cuya hoja de vida, según Reyes, fue una de las encontradas durante un allanamiento a la vivienda de alias Papá Pitufo, presunto cabecilla de una red de contrabando actualmente investigada por las autoridades.
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“El ‘recomendado’ de Roy Barreras que no nombré como director de Impuestos y Aduanas de Buenaventura y cuya hoja de vida luego apareció en el allanamiento de la casa de Papá Pitufo ahora aparece en la página de la Dian como director de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”, denunció Reyes a través de sus redes sociales.
Esta afirmación avivó una disputa judicial y política que ya tenía antecedentes. El abogado Mauricio Pava, defensor del exembajador Barreras, no tardó en responder. Acusó a Reyes de “falso testimonio” y afirmó que su defendido nunca incurrió en prácticas de presión para favorecer a Campo Angulo u otra persona vinculada al escándalo de cuotas burocráticas dentro de la Dian.
Como parte de su estrategia legal, Pava aseguró que aportarán a la Corte Suprema dos informes elaborados por investigadores independientes, los cuales revisaron 15 horas de plenarias dirigidas por Barreras durante su paso por la presidencia del Senado. “Jamás hubo un maltrato como el que le atribuye el exdirector de la Dian (Reyes) al entonces congresista”, aseguró el abogado.
Pero sus críticas fueron más allá. Pava planteó que las declaraciones de Reyes podrían tener un propósito encubierto: “hallar la motivación de la mentira”, dijo, insinuando que con sus denuncias el exministro estaría intentando desviar la atención de los cuestionamientos que él mismo enfrenta por haber designado, durante su gestión, a funcionarios que hoy son objeto de investigaciones por delitos como tráfico de influencias, contrabando y enriquecimiento ilícito. “De eso vamos a hablar en la Corte”, sentenció.
La tensión entre Reyes y Barreras no es nueva. En marzo, el exembajador anunció públicamente que retiraba una oferta de conciliación que había presentado a Reyes, dando por cerrada cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial.
El caso que los enfrenta forma parte de un expediente más amplio sobre la presunta penetración de redes criminales en las estructuras estatales encargadas del control aduanero. Durante su paso por la Dian, Reyes entregó a la Fiscalía un listado con 48 nombres de figuras públicas –entre ellos congresistas, excongresistas y altos funcionarios– que, según él, le solicitaron favores para obtener cargos dentro de la entidad.
Uno de esos casos fue precisamente el de Barreras, al que Reyes señaló como responsable de haber sugerido nombres para ocupar direcciones clave en la Dian, especialmente en ciudades con alto movimiento portuario como Buenaventura y Cali. Estas plazas no solo son apetecidas por su poder operativo, sino porque concentran buena parte del tráfico comercial y aduanero del país.
La Corte Suprema de Justicia lleva las riendas de la investigación y será la encargada de determinar si en este caso se configura o no el delito de tráfico de influencias. De acuerdo con varios juristas consultados, dicho delito no requiere que la recomendación tenga efecto; basta con que se intente utilizar la posición de poder para favorecer a terceros. Por ahora, el caso sigue sumando declaraciones, nombres y elementos que apuntan a un entramado mayor en el que se cruzan la política, las cuotas burocráticas y las estructuras del contrabando.
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