Procuraduría abre investigación tras asesinato de concejal en San Andrés de Cuerquia y evalúa posibles amenazas previas

La Procuraduría General de la Nación activó un riguroso plan de seguimiento para esclarecer el homicidio del concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, ocurrido el pasado 16 de junio en el municipio de San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia.

El organismo busca establecer si la víctima había sido objeto de amenazas previas o de alguna vulneración a sus derechos humanos, en medio de una creciente preocupación por los riesgos que enfrentan los líderes políticos y sociales en Colombia.

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“Tras el atentado que le costó la vida al concejal, Juan Camilo Espinoza Vanegas, ocurrido en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el pasado 16 de junio, la Procuraduría General activó un intenso plan de seguimiento al caso”, informó la entidad mediante un comunicado oficial.

El Ministerio Público articuló una labor conjunta con los procuradores regionales y provinciales en Antioquia, que establecieron contacto con las autoridades judiciales y de investigación para determinar si el concejal asesinado había recibido amenazas de carácter personal o si su actividad política como servidor público pudo haber desencadenado el hecho violento.

Indagaciones sobre posibles amenazas

Dentro del marco de las actuaciones preliminares, la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó información a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la existencia de alguna petición de protección o esquema de seguridad solicitado por el concejal asesinado. “A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría requirió información a la Unidad Nacional de Protección —UNP— sobre si el concejal había solicitado algún esquema de seguridad por posibles amenazas contra su integridad”, precisó la entidad a través d en un comunicado publicado el 23 de junio.

Estas acciones buscan establecer si existía una situación de riesgo advertida por el concejal o si hubo omisión institucional en la respuesta a posibles alertas previas. Hasta ahora, la UNP no ha informado públicamente si Espinoza estaba incluido dentro de sus programas de protección.

Captura de un menor de edad y seguimiento judicial

En el marco de las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes, un menor de edad fue capturado como presunto responsable del asesinato. Frente a esta situación, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer designó un procurador judicial para que actúe dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

“Asimismo, el procurador judicial, en cumplimiento del debido proceso, acompañó las audiencias preliminares contra el adolescente, y se continuará el seguimiento de éste dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes”, indicó la Procuraduría, que busca garantizar que se respeten los derechos del joven aprehendido y que se cumplan las disposiciones legales del proceso.

Presuntos responsables y contexto de violencia

Las autoridades atribuyeron el homicidio del concejal al frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada que opera en zonas rurales del norte de Antioquia y que ha sido señalada de participar en actividades de extorsión, homicidios selectivos y control territorial. Como parte de las medidas adoptadas, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a otros responsables del crimen.

Aunque el caso se encuentra en etapa inicial de investigación, el homicidio ha generado rechazo en distintos sectores y encendió las alertas sobre los riesgos que enfrentan los líderes locales en regiones de presencia de grupos armados ilegales. La Procuraduría, en este sentido, reiteró su posición frente a la violencia contra funcionarios electos.

“El Ministerio Público ha sido enfático en condenar todo acto de violencia contra los servidores públicos y ha insistido en que se debe actuar y contrarrestar los riesgos y amenazas que persistan sobre los mismos”, manifestó la institución, que también solicitó mayor coordinación entre las entidades de seguridad y justicia para proteger a los funcionarios en riesgo.

El asesinato de Espinoza, joven concejal con proyección política en su municipio, refleja la situación crítica que viven algunos territorios del país donde el ejercicio político sigue expuesto a amenazas. La Procuraduría subrayó la necesidad de reforzar las acciones preventivas en estas regiones, no solo para esclarecer los crímenes cometidos, sino para evitar que se repitan.