Un nuevo capítulo se abre en el caso judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, que actualmente cumple una condena de cinco años y tres meses en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó la recolección de pruebas para evaluar la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa de la empresaria el pasado 26 de marzo, según una primicia de Semana.
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El despacho judicial solicitó al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Comercio de Bogotá emitir conceptos sobre el caso, en el marco de la ley de utilidad pública promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.
Además, se le requirió al área de asistencia social del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizar una visita sociofamiliar a Barrera Rojas, con el objetivo de analizar su entorno y condiciones actuales. Una vez recopilada toda la información, se programará la declaración de la empresaria, que busca obtener este beneficio legal.
Los delitos de Epa Colombia
La condena de Epa Colombia fue dictada por la Corte Suprema de Justicia, que la encontró culpable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación a delinquir con fines terroristas.
Los hechos que llevaron a esta sentencia se remontan a noviembre de 2019, cuando Barrera Rojas publicó un video en sus redes sociales en el que incitaba a la destrucción de estaciones de Transmilenio y sedes de entidades públicas como forma de protesta contra el Gobierno y la reforma tributaria del entonces Presidente Iván Duque.
El caso ha generado un amplio debate público, especialmente por el impacto de las acciones de Barrera Rojas en su momento y por su posterior transformación en una empresaria reconocida.
Según consignó Semana, el juzgado también ha solicitado a la asesoría jurídica de la cárcel El Buen Pastor remitir toda la documentación que conste en la hoja de vida de la condenada, como parte del análisis de su solicitud de detención domiciliaria.
El abogado Francisco Bernate Ochoa, representante legal de Epa Colombia, presentó la solicitud de detención domiciliaria argumentando que su defendida ha cumplido con actividades de resocialización y ha contribuido al bienestar de comunidades vulnerables.
Según la defensa, Barrera Rojas ha liderado el proyecto “Aprende y Emprende con Epa Colombia”, que busca capacitar y empoderar a personas en situación de vulnerabilidad.
En la solicitud presentada al juzgado, se destacó que la empresaria ha demostrado su capacidad para liderar iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad, lo que refuerza su estabilidad y compromiso con el bienestar colectivo. Este argumento se suma a los esfuerzos de la Fundación Faruq Abdala Internacional, que ha solicitado revisar la dosificación de la pena impuesta a Barrera Rojas.
La Fundación Faruq Abdala Internacional, que ha organizado marchas en favor de la libertad de Epa Colombia, presentó un informe al juzgado en el que incluyó un video con testimonios de habitantes de calle.
En este material, las personas beneficiadas relatan cómo Barrera Rojas les brindó apoyo para acceder a oportunidades de estudio y empleo. Este respaldo social ha sido uno de los pilares de la defensa para argumentar que la empresaria merece acceder a la detención domiciliaria.
Por otro lado, el juzgado ha solicitado que se recopilen todos los elementos necesarios para tomar una decisión informada sobre la solicitud. Esto incluye los conceptos de las entidades mencionadas, la visita sociofamiliar por parte del Inpec y la documentación que repose en la cárcel El Buen Pastor.
Una vez se complete la recolección de pruebas y se analicen los informes solicitados, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá programará la declaración de Epa Colombia, según lo imformó Semana.
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