La Corte Constitucional declaró improcedente la recusación presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra el magistrado José Fernando Reyes, que ha estado a cargo de decisiones clave sobre la salud en Colombia. La recusación fue presentada a finales de febrero de 2025, en un momento en el que el Gobierno se enfrentó a fallos judiciales que lo obligaron a pagar deudas pendientes en el sistema de salud.
El ministro cuestionó la objetividad del magistrado Reyes tras unas declaraciones que este dio en entrevista con RCN Radio. En dicha conversación, el magistrado reveló haber sido víctima de la crisis en el sistema de salud, pues en los últimos tres meses tuvo que interponer dos tutelas para acceder a los medicamentos que le habían sido recetados.
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“Soy afiliado a una EPS con medicina prepagada desde el año 97, nunca había tenido que interponer una acción de tutela, pero en los últimos tres meses he tenido que interponer dos porque me niegan medicamentos que me recetan”, afirmó Reyes.
También indicó que la situación que experimentó es reflejo de lo que padecen miles de ciudadanos: “Algo está pasando con la salud para que los ciudadanos de a pie tengamos que ir donde un juez para que las cosas que nos tendrían que dar nos las entregaran”.
Para el Ministerio de Salud, estas afirmaciones demuestran que el magistrado ya tiene una postura definida sobre la crisis del sector y, por lo tanto, no podría fallar con imparcialidad en asuntos relacionados.
Fallos clave que incomodan al Gobierno
José Fernando Reyes ha sido el ponente de dos decisiones que han generado tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Con el Auto 007 de 2025, se ordenó al Ministerio de Salud ajustar y recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que reciben las EPS para garantizar la atención de los afiliados. Además, con el Auto 089 de 2025, se determinó que el Gobierno debe pagar los dineros adeudados desde 2022 y 2024 por los presupuestos máximos, los cuales financian la atención de enfermedades de alto costo y tratamientos especializados.
El Ministerio de Salud se ha opuesto a estas decisiones, alegando que la Corte Constitucional está excediendo sus competencias al intervenir en la determinación de la UPC. En un intento por desconocer el Auto 007, el Gobierno presentó una solicitud de nulidad, argumentando que la decisión carece de sustento técnico y que la revisión de la UPC es una competencia exclusiva del Ministerio y del Consejo de Estado. Sin embargo, el Ministerio de Salud optó por cumplir los fallos del alto tribunal, empezando por convocar mesas técnicas para conciliar el valor del presupuesto para el sistema.
Y es que, mientras el Gobierno defiende que los recursos destinados a la salud son suficientes, las EPS y expertos del sector advierten que el financiamiento actual no alcanza para cubrir la demanda creciente. Factores como el envejecimiento de la población, la inflación y el alto costo de medicamentos han llevado a que el sistema enfrente serios problemas financieros.
Por su parte, la Corte Constitucional ha sido clara en su posición de garantizar que los ciudadanos accedan a la atención que requieren, lo que ha derivado en un incremento en el número de tutelas presentadas. De hecho, según Reyes, la Corte recibe entre 60.000 y 90.000 tutelas mensuales por parte de ciudadanos que reclaman sus derechos en salud.
Con la declaración de improcedencia de la recusación por parte de la Corte Constitucional, el magistrado Reyes podrá continuar con su labor en los temas de salud sin que su imparcialidad sea puesta en duda. Sin embargo, el enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte podría continuar, especialmente ante la posibilidad de que el Ministerio de Salud insista en nuevas estrategias para evitar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
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