La acción violenta de grupos armados al margen de la ley en varias regiones del país ha sembrado una seria preocupación en colectivos sociales, que ven cómo algunos actores armados han aprovechado los diálogos de paz con el Gobierno, y con ello decisiones como el cese al fuego bilateral, para expandir su filas a través de la comisión de diferentes delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, la Fundación para el Estado de Derecho ha interpuesto una serie de acciones populares para proteger derechos vulnerados en algunas zonas del país por grupos armados y disidentes.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El último de estos recursos fue admitido por el Tribunal Administrativo del Huila, en la que se busca proteger los derechos colectivos de los habitantes del departamento, en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad y la expansión de grupos armados ilegales. Según informó la fundación, la acción judicial se centra en la presunta vulneración de derechos como la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso común, entre otros.
De acuerdo con la fundación, la situación de inseguridad en el Huila se ha agravado “luego de que el Gobierno decretara el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional (Cfbtn) con grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central -EMC-2 y la Segunda Marquetalia disidencias de las Farc EP”. Y agregó que estas medidas han permitido que dichas organizaciones expandan su control territorial, lo que ha derivado en abusos contra la población y violaciones a derechos colectivos.
PUBLICIDAD
El colectivo enfatizó en su recurso popular, que no busca ser un impedimento para adelantar la política de paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento, sino "evitar que, mientras el Estado colombiano propicia diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las Farc EP, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, se siga permitiendo que estos grupos expandan su control sobre el territorio, cometiendo abusos en contra de la colectividad y violaciones a sus derechos colectivos".
Por ello, estas omisiones han facilitado el fortalecimiento de grupos armados como el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia en el Huila, lo que ha generado un clima de incertidumbre, desplazamientos forzados y hostigamiento tanto a la ciudadanía como a las fuerzas de seguridad.
PUBLICIDAD
Según la acción judicial, existe evidencia oficial sobre un aumento en el despliegue armado y el control territorial de grupos ilegales en el Huila durante el periodo de suspensión del cese al fuego. “El pasado 4 de julio de las 2024 autoridades alertaron acerca de posibles incursiones en algunos territorios de nuevos grupos armados por la aparición de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que hasta la fecha no tenía presencia en determinados territorios”, citó la fundación.
Además, la fundación también denunció que las acciones de estos grupos han incluido amenazas de “limpieza social”, desplazamientos masivos y la carnetización de ciudadanos, prácticas que buscan consolidar su control sobre el territorio.
PUBLICIDAD
En respuesta a la demanda, el Tribunal Administrativo del Huila solicitó al mandatario del departamento del Huila, así como de los municipios de Neiva, La Plata, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol, que informen sobre las medidas adoptadas para mitigar las afectaciones señaladas. Asimismo, pidió la participación de entidades nacionales como la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa e Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Cabe señalar que, el 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió otra acción popular que busca la implementación de un plan que garantice los derechos y libertades de los araucanos.
PUBLICIDAD
Entre las solicitudes de la FED, figura la creación de un equipo especial encargado de rendir cuentas sobre las acciones realizadas para proteger a la población. Dicho equipo estaría compuesto por un representante del Ministerio de Defensa, un delegado de las Fuerzas Militares y un oficial de la Policía Nacional.
Más Noticias
Mafe Carrascal se defendió de quienes la señalaron de “instrumentalizar” a una menor durante las marchas del 14 de octubre: “Jamás la incité”
La congresista del Pacto Histórico fue duramente cuestionada en redes sociales por aparecer junto a la niña que, cuando recibió un micrófono, expresó una arenga en contra del presidente Abelardo de la Espriella, que incluyó la palabra ofensiva “gonorrea”
Abelardo de la Espriella hizo advertencia al Congreso ante “presiones” que se lleguen a ejercer: “Será castigada con toda severidad”
El presidente indicó que el Ministerio del Interior deberá informarle sobre cualquier irregularidad que se presente en el Legislativo. Afirmó que no permitirá prácticas contrarias a la ley
Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería
El artista sumó fecha en la capital antioqueña como parte de su ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, que pasará por arenas de toda Latinoamérica hasta octubre de 2027
Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación
En charla con Infobae Colombia, el subsecretario de Desarrollo Económico explicó que la entidad hará seguimiento a quienes requieran reforzar su perfil y continuará con jornadas semanales de intermediación en las localidades, apoyada por una oficina móvil que recorre la ciudad con ofertas y orientación
Gobierno De la Espriella liquidará el programa de Petro que habría dejado 29.000 kilómetros de vías sin intervenir y prepara los ‘Caminos del Tigre’
El director del Invías, Juan Camilo Ostos, expuso ante la Cámara de Representantes el balance de la iniciativa y explicó los motivos del proceso de liquidación. La nueva estrategia contempla obras de rehabilitación, mantenimiento y construcción en diferentes corredores del país
