Alexander López, director de Planeación Nacional, afirmó que la ley de financiamiento fue tumbada por “superricos”

Dentro de las tantas reacciones que ha dejado el hundimiento de la reforma tributaria (ley de Ffinanciamiento) en las comisiones económicas del Congreso está la de Alexander López Maya, director de Planeación Nacional, que dijo que esta decisión está llevando al país a una crisis presupuestal y deja al descubierto los intereses económicos de varios parlamentarios.

En entrevista con Noticias Caracol, el funcionario señaló que, lejos de ser una reforma tributaria, la ley de financiamiento es un mecanismo para darle al Estado los recursos que necesita en todos los frentes. “El golpe no se lo han dado a Petro, el golpe no se lo han dado al Gobierno, el golpe se lo han dado es al pueblo colombiano, que requiere de estos recursos para poder seguir mejorando sus condiciones de vida”, señaló.

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Preocupación de López Maya por el panorama financiero colombiano

Este proyecto, que pretendía recaudar 9,8 billones de pesos, tenía como propósito cubrir parte del presupuesto nacional de 2025, fijado en 511 billones de pesos. La iniciativa, presentada en septiembre como una medida clave para contrarrestar un déficit presupuestal de 12 billones de pesos, representaba la segunda reforma tributaria propuesta durante la administración Petro.

La falta de mayorías del gobierno en las cuatro comisiones del Congreso resultó determinante para el desenlace. La propuesta fue archivada tras la aprobación de una ponencia impulsada por el partido de oposición Centro Democrático, lo que desató críticas severas desde el Ejecutivo.

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) calificó la decisión como irresponsable y advirtió sobre sus implicaciones negativas para la clase media y las regiones del país. Según López, la falta de estos recursos impactará a 26 sectores y 86 entidades estatales, incluyendo áreas esenciales como vivienda, deporte, cultura, servicios públicos, defensa y seguridad.

El funcionario destacó que la reforma planteaba medidas que, en su opinión, buscaban un desarrollo económico sostenible, fortalecer la fiscalización tributaria y enfrentar los desafíos del cambio climático. Entre las propuestas se incluían impuestos más altos para las plataformas de juegos de azar, los vehículos híbridos y el sector extractivo, así como un incremento en el impuesto al carbono para generar un ingreso adicional de 1,3 billones de pesos anuales. El impacto económico y social del fracaso de la reforma

La caída de la reforma tributaria tendrá amplias repercusiones, no solo para el funcionamiento del Estado en 2025, sino también para las prioridades sociales y económicas del gobierno Petro. Según el DNP, sectores como vivienda se verán gravemente afectados, con la reducción o eliminación de subsidios para viviendas de interés social y prioritaria. Asimismo, el recorte presupuestal limitará los recursos destinados a subsidios de servicios públicos en los estratos más bajos y a iniciativas para reducir las tarifas en la región Caribe.

El impacto no se detendrá allí. Áreas como el deporte, fundamentales para la preparación de atletas olímpicos y el desarrollo de actividades recreativas para niños y jóvenes, también enfrentarán reducciones significativas. Otros sectores, como justicia e infraestructura, verán limitadas sus capacidades para atender necesidades clave, desde el fortalecimiento de vías terciarias hasta el apoyo a entidades como la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Un panorama fiscal incierto

El rechazo a la reforma también coloca al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, en una posición compleja. En un año que será crucial para las elecciones presidenciales de 2026, el gobierno deberá ajustar su gasto en medio de un presupuesto ya restringido. Desde el Ejecutivo se ha señalado que la caída en los ingresos fiscales y decisiones previas de la Corte Constitucional, que invalidaron parte de la reforma tributaria anterior, han exacerbado la situación fiscal.

Por otro lado, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, justificó el rechazo a la reforma argumentando que el gobierno aún no ha ejecutado más de 100 billones de pesos disponibles en las arcas nacionales. Según Cepeda, el archivo de la reforma demuestra la independencia del Congreso frente al Ejecutivo. Sin embargo, estas declaraciones han sido duramente cuestionadas por el gobierno, que señala que buena parte de esos recursos ya están comprometidos o representan transferencias ineludibles.