En un pronunciamiento, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su profunda preocupación por el drástico aumento de la deforestación en la Amazonía colombiana.
Según cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el índice de deforestación en la región ha aumentado un alarmante 223,52% en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que coloca al país en una situación crítica respecto a la preservación de su mayor reserva forestal.
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Cabello Blanco señaló que, si bien este incremento refleja un panorama sombrío, la situación no es nueva. Desde el año 2001, con excepción del 2023, Colombia ha reportado pérdidas de bosque superiores a las 110.000 hectáreas anuales.
De acuerdo con las estimaciones actuales, se espera que al cierre de este año la cifra vuelva a superar las cien mil hectáreas, un dato que resalta la creciente vulnerabilidad de la Amazonía.
Entre las causas de esta alarmante situación, la Procuradora vinculó las actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras, que continúan expandiéndose en las zonas más afectadas. Estas prácticas ilegales, según Cabello Blanco, son fomentadas por la presencia de grupos armados ilegales que operan en la región y que, a su vez, dificultan el control y la erradicación de las actividades depredadoras.
Uno de los aspectos que la Procuradora enfatizó durante su intervención fue la invasión de áreas protegidas por parte de la ganadería. Actualmente, cerca de 1.200.000 cabezas de ganado están ubicadas dentro de parques nacionales, como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Nukak. Estos territorios, que deberían ser santuario de biodiversidad, se han convertido en pastizales para el ganado, afectando irremediablemente la flora y fauna de la región. Esta situación, además, se agrava con la expansión de la frontera agrícola, la titulación irregular de tierras y el incremento de la minería ilegal.
Otra problemática mencionada por Cabello Blanco fueron las 27.000 kilómetros de vías ilegales construidas en la región amazónica, muchas de las cuales atraviesan parques nacionales, fomentando aún más la tala ilegal de bosques y el acaparamiento de tierras. Entre 2021 y 2022, se registraron 742 kilómetros adicionales de estas vías ilícitas.
A su vez, Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, confirmó que la Procuraduría ha solicitado medidas cautelares mediante acción popular, para frenar las actividades que contribuyen a la deforestación. Guerrero explicó que estas medidas se centran en dos de los principales motores de la deforestación: la construcción de vías ilegales y la expansión de la ganadería en parques nacionales. Actualmente, estas solicitudes están en trámite de verificación ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Además, Guerrero expresó su preocupación por el Proyecto de Ley sobre la jurisdicción agraria y rural, advirtiendo que esta podría priorizar las necesidades productivas agropecuarias por encima de la conservación ambiental. Esta situación es particularmente preocupante, ya que más del 80% del territorio colombiano es rural y gran parte de él tiene una vocación de conservación que podría verse afectada por decisiones legislativas que favorezcan la expansión de actividades agrícolas y ganaderas.
La Procuraduría General de la Nación, a través de este pronunciamiento, ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis ambiental en la Amazonía colombiana, reiterando la necesidad urgente de tomar acciones concretas para frenar la deforestación y proteger uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
El reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, en el que se expresa preocupación por el alarmante aumento de la deforestación en la Amazonía colombiana, se ve reflejado en las advertencias del International Crisis Group (ICG), que vinculan este fenómeno a la falta de consolidación de la paz en el país.
Según el ICG, la presencia de estructuras armadas como el Estado Mayor Central (EMC) ha exacerbado la crisis ambiental en la región, controlando territorios clave para actividades ilegales como la minería, la ganadería y los cultivos ilícitos. La deforestación, lejos de disminuir, ha aumentado de manera drástica, especialmente en zonas donde el conflicto armado impide la acción del Estado.
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