Abelardo De La Espriella ha lanzado graves acusaciones contra el gobierno colombiano, al señalar un esquema de corrupción en el manejo de los fondos destinados al sistema de salud a través de un video publicado en su cuenta de X el domingo 22 de septiembre de 2024, el abogado detalló cómo se habrían desviado recursos públicos para comprar votos en el Congreso y así aprobar la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro.
“Mientras Petro, el jefe de la mafia, se hace el loco incendiando al país y envenenando a sus masas con inventos como falsos golpes de Estado, inexistentes atentados y delirantes discursos que reflejan su odio, su resentimiento y su maldad producto de toda suerte de desórdenes mentales que, por supuesto se exacerban con la mezcla de alcohol y droga, a la patria se la están robando sin que la justicia haga nada para evitarlo”.
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De La Espriella afirmó que, en agosto de 2023, tras la salida de la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, el nuevo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo solicitó a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de un billón de pesos del presupuesto de aseguramiento del sistema de salud a infraestructura y atención de población vulnerable.
Según el abogado, esta maniobra tenía como objetivo comprar los votos necesarios en la Cámara de Representantes para aprobar la reforma a la salud: “El gobierno criminal de Petro, al ver hundida su reforma después de haber estado detenido el proceso de discusión y aprobación entre mayo y agosto del 2023, ya bajo el mando de uno de los más leales lugartenientes del régimen, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó a las coyas de la cámara para comprar sus conciencias. Como resultado de lo anterior un billón de pesos que alimentaban el Fosyga y estaban destinados a pagar los servicios médicos adeudados por el sistema de salud a los prestadores del servicio, se trasladaron para remunerar, a través de obras y contratos de suministros, a los torcidos representantes que se vendieron al gobierno de Petro para votar la reforma a la salud”.
El abogado también mencionó que, en septiembre de 2023, el secretario general del Ministerio de Salud, Gonzalo Parra González, remitió un oficio a la directora de presupuesto solicitando la autorización de un movimiento presupuestal para ejecutar 1,2 billones de pesos en la compra de buques, aparatos médicos y quirúrgicos, y otros equipos.
De La Espriella aseguró que estos movimientos financieros fueron utilizados para sobornar a los congresistas y asegurar la aprobación de la reforma.
“Esos movimientos, representados en billones de pesos, fueron música para los oídos de las ratas del Congreso que después de haber tenido engavetada la discusión de la reforma, tan pronto como los días 6 y 19 de septiembre votaron y hundieron la ponencia negativa que tenía el proyecto y crearon allí la Subcomisión de conciliación a la voz de buques y equipos ortésicos. La Cámara entonces bailó al compás del billete”.
En su denuncia, De La Espriella señaló que los recursos desviados originalmente estaban destinados al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para cubrir los pagos de los servicios médicos adeudados por el sistema de salud.
Sin embargo, estos fondos fueron redirigidos para financiar obras y contratos en municipios como Mitú, Rivera, Santander de Quilichao y San Zenón, entre otros, por tal razón, el abogado calificó estas acciones como parte de un “plan protervo” para consolidar el poder del presidente Petro.
De La Espriella también recordó una denuncia previa en la que acusó al Ministerio de Hacienda de haber entregado 200.000 millones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para sobornar a senadores y asegurar sus votos a favor de Petro. Según el abogado, esta práctica de corrupción se ha repetido en el Ministerio de Salud con el mismo modus operandi.
Por tal motivo, el abogado hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen estos hechos y castiguen a los responsables, además, pidió el apoyo del grupo ciudadano de Defensores de la Patria para hacer seguimiento a las investigaciones y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“Hago esta denuncia pública y le pido al grupo ciudadano de Defensores de la Patria que me ayude a hacerle seguimiento a lo que las autoridades competentes investiguen sobre estos hechos. Es determinante para la institucionalidad y la democracia castigar a los culpables”.
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