Calamidad pública por desbordamiento del río Sinú: urgen acciones para la prevención y mitigación de inundaciones

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge decretó la alerta roja para las cuencas media y baja del afluente

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Río Sinú, al norte de Colombia, atraviesa los municipios de Montería, Cereté, Lorica y desemboca en el municipio de San Bernardo del Viento - crédito Comisión de la Verdad
La Defensoría del Pueblo llamó a todos los entes competentes para que atiendan las cerca de 110 recomendaciones que les formuló hace poco más de dos años - crédito Comisión de la Verdad

El alcalde de Lorica (Córdoba), Carlos Mario Manzur, declaró la calamidad pública en ese municipio, teniendo en cuenta la alerta roja emitida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y los altos niveles que presenta el río Sinú.

A este anuncio se sumó el del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, que presidió el 12 de junio el tercer Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd), en el que se aprobó y decretó la calamidad pública en el municipio por temporada de lluvias.

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Y es que, las intensas lluvias de las últimas semanas han causado que tanto el río Sinú como el San Jorge aumenten su caudal, razón por la que municipios como Tierralta y San Pelayo, además de su capital Montería, enfrentan las mayores amenazas. Otros municipios como Montelíbano, Ayapel, La Apartada y Puerto Libertador ya reportan inundaciones.

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“El nivel del río aumentó con respecto a la métrica del Ideam que se tiene de la planta de tratamiento de Los Campanos(...) Aunque las afectaciones en el casco urbano han disminuido respecto a zona rural en los corregimientos Jaraquiel, Guasimal y Las Palomas, a las 35 familias de la zona que están rodeadas de agua se les llevará fumigación y se hará control de enfermedades transmitidas por vectores”, sostuvo el alcalde de Montería.

Frente a la crítica situación de salubridad, la Defensoría del Pueblo señaló que se requiere la urgente gestión y articulación institucional para la prevención y atención de posibles emergencias. La entidad defensora de los derechos humanos hizo un llamado a los entes competentes a aunar esfuerzos para que atiendan las recomendaciones en materia ambiental y de gestión del riesgo, alrededor de 110, formuladas en mayo del 2022, con el propósito primordial de que sean implementadas soluciones de fondo para las problemáticas derivadas de las crecientes e inundaciones.

Río Sinú, a la altura de Montería. / Colprensa
La Defensoría del Pueblo presentó el informe titulado ‘Reflexión sobre la situación del Río Sinú y su importancia como eje de desarrollo económico, cultural y ambiental’, en el que se evidencia el impacto de actividades en la cuenca de este importante afluente - crédito Colprensa

En el caso de Lorica, en un Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres, convocado por la alcaldía, además de darse un concepto favorable para declarar la calamidad pública por la ola invernal que afronta el municipio, fue solicitado acompañamiento de varias entidades nacionales y territoriales.

“Por unanimidad se dio concepto favorable para decretar calamidad pública por la ola invernal en el municipio de Lorica. En el mismo se estableció convocar apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), igual al gobierno departamental en Córdoba, a la CAR-CVS y la Hidroeléctrica Urrá”, indicó el alcalde Carlos Mario Manzur.

Con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, emitido en 2022, la entidad llamó a los actores nacionales, regionales y locales a asumir las acciones necesarias, a fin de que garanticen o restauren los derechos de las comunidades de los municipios en riesgo o en los que se habían materializado inundaciones u otros eventos relacionados.

El informe defensorial pretende visibilizar las problemáticas en materia ambiental, así como aquellas sobre gestión del riesgo, por eventos de inundación y erosión, que constituyen una amenaza y generan afectaciones a las comunidades ribereñas - crédito Bienvenido Velasco/EFE
El informe defensorial pretende visibilizar las problemáticas en materia ambiental, así como aquellas sobre gestión del riesgo, por eventos de inundación y erosión, que constituyen una amenaza y generan afectaciones a las comunidades ribereñas - crédito Bienvenido Velasco/EFE

Las autoridades nacionales, entre ellas, los ministerios de Ambiente y Vivienda, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Ungrd; las departamentales, como la Gobernación de Córdoba y la CVS; y las alcaldías ribereñas, deberán poner en marcha las medidas, planes de preparación y obras necesarias, de acuerdo con la Política nacional para la gestión del riesgo, contemplada en la Ley 1523 de 2012. Esto, desde sus competencias y con un enfoque transversal, subsidiario y complementario, según señaló el informe de la Defensoría.

“Como miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la finalidad es que eviten o atiendan los desastres naturales que puedan ser originados por el recrudecimiento de la temporada invernal, sin esperar a que ocurra una tragedia”, puntualizó la entidad.

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