Suspenden al exalcalde de Cartagena William Dau por tildar de “corruptos” a servidores de la ciudad

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por un período de siete meses al exalcalde de Cartagena, Bolívar, William Jorge Dau Chamat. La medida, que fue tomada en primera instancia, se basa en que el exfuncionario atentó contra el buen nombre de varios servidores, a quienes acusó de ser cómplices de la corrupción en Colombia.

El fallo de la Procuraduría tuvo en cuenta las declaraciones realizadas por Dau Chamat en un medio de comunicación local en Cartagena, donde afirmó que “todos los órganos de control y de justicia comen del mismo plato. Exijo, exijo que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General, entren a investigar ya, decidan ya, en este momento sobre el caso de esos vergajos, sinvergüenzas, concejales”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para la Procuraduría, las palabras del exalcalde constituyeron un irrespeto a concejales, autoridades judiciales y entes de control locales. De acuerdo con el Ministerio Público, Dau Chamat “transgredió el deber que le impone la ley de tratar con respeto a las personas con quienes se relaciona en razón de su servicio”. La entidad subrayó que estas acciones afectaron el principio de moralidad y no tuvieron justificación alguna.

La Procuraduría calificó la falta de Dau Chamat como “grave a título de dolo”, lo que implica que hubo intención clara de cometer la infracción. El ente de control sostuvo que, aunque el exalcalde ya no está en funciones, la inhabilidad se mantiene. Dau Chamat deberá asumir el término de la suspensión en forma de salarios, de acuerdo con el monto devengado en el momento en que se cometió la falta.

En resumen, el fallo impone una inhabilidad para ocupar cargos públicos, impidiendo así que Dau Chamat pueda asumir nuevamente una función pública por el tiempo de la sanción. Sin embargo, la Procuraduría aclaró que su decisión no es de carácter definitivo, ya que contra esta se interpuso un recurso de apelación.

Dicho recurso legal será resuelto por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Elección Popular, que analizará el caso y determinará si la decisión inicial se mantiene o se modifica. Esta instancia debe evaluar la validez de las pruebas y las argumentaciones presentadas tanto por Dau Chamat como por la Procuraduría.

No es la primera vez que el exalcalde de Cartagena William Dau es investigado por referirse inapropiadamente contra servidores. En 2022, la Procuraduría citó a audiencia pública al entonces mandatario local debido a unas afirmaciones hechas en 2020, cuando calificó a los directivos de la Universidad de Cartagena como un “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

“Declarar probado y no desvirtuado el cargo atribuido al señor William Jorge Dau Chamat (...), quien en su condición de alcalde distrital de Cartagena D.T y C. incurrió en la comisión de la falta disciplinaria descrita en la parte considerativa de esta providencia”, indicó el auto de la Procuraduría, que resolvió suspenderlo por cuatro meses del cargo al considerarlo responsable disciplinariamente.

“Declarar disciplinariamente responsable de la comisión de la falta calificada como grave a título de dolo al señor William Jorge Dau Chamat, de condiciones civiles y personales conocidas en autos y en consecuencia imponerle la sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses”, agregó el fallo.

Los líos disciplinarios de William Dau no acaban allí. En enero de 2024, el Ministerio Público profirió cargos en su contra y el de la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera, por presuntas irregularidades relacionadas con sobrecostos por $527 millones, detectados en el contrato para proveer las raciones alimenticias diarias del PAE a 97.135 estudiantes de los colegios públicos de la ciudad durante la pandemia por covid-19.

De acuerdo con los hallazgos del Ministerio Público, el mandatario distrital suscribió una adición por $3.400 millones sobre el contrato original, que fue firmado por $22.459 millones, con fundamento en los estudios previos autorizados por la directora de Cobertura de Educación, a pesar de conocer un informe de la Contraloría General de la República en que se denunciaron los sobrecostos y la diferencia entre los paquetes alimenticios propuestos y los que realmente fueron entregados a los estudiantes en sus casas.

La falta del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y adicionado el contrato en cuestión, con lo cual presuntamente se causó un detrimento al patrimonio público de más de $527.300 millones.