En el asesinato del director de La Modelo estarían involucrados funcionarios de la cárcel: esta es la hipótesis de las autoridades

La investigación sobre el asesinato del coronel en retiro Élmer Fernández, que ocupaba el cargo de director de la cárcel La Modelo en Bogotá, avanza, aunque algunas hipótesis no han sido bien recibidas por la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron menos de un mes después de que Fernández asumiera su puesto, en medio de procedimientos destinados a mejorar la seguridad y condiciones de reclusión en el penal.

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Según información recolectada por los investigadores, una de las teorías señala la posible implicación de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el crimen. Estas sospechas surgen, especialmente, sobre aquellos empleados que tenían acceso directo a los movimientos y decisiones de Fernández.

“La decisión de trasladar a los ‘caciques de los patios’ se filtró, lo que desencadenó amenazas serias contra Fernández,” indicaron fuentes cercanas al caso.

Otro punto crítico en la investigación se centra en los cambios que el coronel había empezado a implementar en la cárcel La Modelo.

Durante su breve gestión, Fernández comenzó a tomar medidas para enfrentarse a los llamados “plumas de los patios”. Estas decisiones no solo buscaban mejorar la seguridad dentro de la prisión, sino también prevenir conflictos internos. Sin embargo, sus planes de traslado de ciertos cabecillas enfurecieron a algunos delincuentes, que orquestaron el asesinato del director.

Un equipo especial del búnker de la Fiscalía está encargado de llevar a cabo todas las diligencias necesarias. Entre ellas, se encuentran la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y la realización de análisis forenses. “Nuestro objetivo es no solo capturar a los autores materiales del asesinato, sino también a quienes lo ordenaron,” explica uno de los investigadores.

Las pruebas recabadas incluyen videos y testimonios que describen las circunstancias del crimen. Según las imágenes y las declaraciones obtenidas, se ha logrado determinar cómo los sicarios se acercaron al vehículo en el que se desplazaba Fernández y abrieron fuego con un arma automática.

La filtración de la decisión del traslado a los llamados “caciques de los patios” se considera un factor crucial en el desarrollo del asesinato. En días previos al hecho, Fernández había recibido panfletos amenazantes, los cuales no impidieron que continuara con sus planes de reestructuración dentro del penal.

Mediante un cruce de información, las autoridades están enfocadas en identificar a los funcionarios que podrían haber tenido acceso a esta información sensible y haberla compartido con los internos. Se sospecha que dentro del Inpec hay una red que facilita la comunicación entre los reclusos y ciertos empleados corruptos.

El coronel Fernández, junto con otros funcionarios del Inpec, había recibido amenazas directas que advertían sobre las decisiones en la dirección de la cárcel La Modelo. A pesar de informar sobre las amenazas, “no se tomaron las determinaciones en materia de seguridad, necesarias para salvarle la vida”, según revelaciones de los investigadores.

Estas amenazas se intensificaron justo cuando se programaban los traslados de distintos cabecillas de la cárcel, incluyendo a un individuo conocido como Pedro Pluma.

En contexto, los investigadores han obtenido declaraciones que confirman que los cabecillas de la cárcel estaban al tanto “de las decisiones del director de la cárcel Modelo” antes de que éstas se hicieran públicas. Este detalle resulta preocupante dado que la información debía estar restringida a un pequeño grupo de funcionarios.

La Fiscalía ha iniciado una serie de indagaciones con miras a entender no solo el origen de las amenazas, sino también quién ordenó directamente el asesinato del coronel Fernández.

A pesar de la evidencia y las declaraciones recabadas, se ha observado que el ente acusador está comenzando a descartar la hipótesis de una filtración de información interna y está enfocándose en Pedro Pluma, señalado como un ‘cacique’ del patio cuatro.

En cuanto a los traslados, el Inpec cumplió con lo planeado por el propio coronel Fernández, lo que incluyó el traslado de cabecillas. Pedro Pluma fue trasladado a la cárcel La Picota mientras se realizan las investigaciones que podrían llevar a una imputación formal de cargos contra él por su implicación en actividades delictivas dentro del penal.

Estas investigaciones siguen su curso con la intención de obtener más declaraciones que puedan desenredar el entramado detrás de las amenazas y el asesinato. El hecho de que los cabecillas estuvieran informados anticipadamente sobre las decisiones del director de la cárcel sugiere la posible existencia de fuentes internas de filtración de información.

Hasta el momento, se ha establecido que tanto el coronel Fernández como otros funcionarios recibieron amenazas directas y explícitas. Es notorio que a pesar de haberse conocido dichas amenazas, las medidas de seguridad no fueron ajustadas para prevenir los peligros inminentes. Esto pone en evidencia fallos significativos en los protocolos de seguridad del Inpec y evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos internos.

Por otro lado, las pesquisas sobre la autoría detrás del asesinato del coronel Fernández continúan con fuerza. Las autoridades buscan esclarecer todos los detalles que llevaron a este trágico desenlace y cómo las decisiones de traslado pudieron haber sido un detonante en la serie de eventos sucedidos.