
La Procuraduría General de la Nación otorgó un plazo de dos días al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que brinde respuestas sobre las presuntas deficiencias en la seguridad del coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo.
La decisión de la Procuraduría se basa en informes que sugieren que la protección del coronel Fernández fue inadecuada, lo que levantó alarmas sobre posibles vulnerabilidades a las que fue sometido el ahora fallecido.
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En su requerimiento, la Procuraduría solicitó al Inpec, “en atención a las diferentes versiones que hemos conocido a través de medios de comunicación sobre la situación de amenazas y agresiones a integrantes del Inpec, hemos requerido a la dirección general de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero”.
“De igual manera, se pide que informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento del pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión.
Hasta el momento, el Inpec no ha emitido comentarios oficiales sobre la solicitud de la Procuraduría. Sin embargo, se espera que la institución cumpla con el plazo establecido y brinde las aclaraciones necesarias para disipar las preocupaciones levantadas.
¿Qué se sabe de la seguridad del coronel Fernández?
Élmer Fernández Velasco perdió la vida al ser alcanzado por una bala que perforó el vidrio de una camioneta gris oscura en la que se desplazaba. El sicario no encontró obstáculos para cometer el asesinato, ya que el director de la cárcel La Modelo no contaba con protección adecuada: ni vehículo blindado, ni escoltas, a pesar de dirigir una de las prisiones de máxima seguridad y haber recibido amenazas en los días previos.

Según confirmó el Inpec, no se había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ningún protocolo específico para salvaguardar la vida de Fernández Velasco.
Daniel Gutiérrez, director del instituto, inicialmente declaró que sí había solicitado protección a la UNP, pero la unidad refutó esta afirmación, señalando que no existía ningún requerimiento en sus registros. Gutiérrez aclaró posteriormente que no se presentó ninguna petición porque estaban recopilando información sobre la amenaza.
Las amenazas se materializaron en un panfleto que llegó a la casa de Fernández Velasco el 9 de mayo, firmado por un individuo que se identificó como “Pedro Pluma”. En el documento, advertía al director que si continuaba con las requisas en las celdas, mataría a su familia.
La amenaza fue reportada a la Fiscalía el 10 de mayo, de acuerdo con el director del Inpec, pero no fue hasta el 14 de mayo que el instituto activó sus protocolos para documentar formalmente la amenaza. Fue en ese momento cuando “se analizaron los documentos”.

No obstante, la UNP nunca recibió el caso. Además, el Inpec no solo omitió reportar oficialmente el caso del director de La Modelo, sino que tampoco denunció que esa misma semana se escucharon disparos en las inmediaciones de la cárcel, lo que podría interpretarse como otra amenaza contra Fernández Velasco.
El 16 de mayo por la tarde, Fernández Velasco seguía desprotegido. Daniel Gutiérrez, director del Inpec, declaró que el instituto no cuenta con los recursos necesarios para proporcionar vehículos blindados a sus funcionarios. Además, señaló que el Inpec ha recibido más de 500 amenazas en los últimos dos años.
En medio del debate sobre la falta de seguridad para el director de La Modelo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó este viernes 17 de mayo que, “cualquier funcionario del Inpec que necesite medidas de protección las recibirá de manera urgente e inmediata, con el respaldo de la UNP y la Policía”.
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