Denuncian penalmente a la procuradora Margarita Cabello por corrupción: “No vamos a permitir que se sigan robando”

La senadora Esmeralda Hernández, representante del Pacto Histórico, alzó su voz en una declaración ‘explosiva’: denunció penalmente a la procuradora General de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco, por supuestas violaciones flagrantes a la ley de contratación.

El anuncio, hecho a través de las redes sociales, despertó la atención pública y política. La legisladora Hernández no escatimó en palabras, acusó a la procuradora de manipular y politizar descaradamente el Ministerio Público para favorecer a clanes políticos, además de señalar los altos niveles de impunidad y las presuntas irregularidades en materia de contratación.

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“¡Atención!”, clamó la senadora en su mensaje en la red social de X (anteriormente Twitter). “He denunciado penalmente a Margarita Cabello por burlar la ley de contratación. Siguen entregando contratos a dedo desde la Procuraduría: hace unos días conocimos la nueva suma millonaria de 22.000 millones entregados de nuevo al mismo contratista, con lo que ya son más de $71.000 millones a dedo para un solo operador sin pasar por un proceso de selección pública como lo exige la Ley 80″, agregó Hernández.

Las acusaciones vertidas por Hernández no se limitaron a una mera declaración, sino que se respaldaron con evidencia concreta presentada ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia detalla los presuntos hallazgos de una investigación que revela cómo la procuradora Cabello habría usado su posición para favorecer a ciertos grupos políticos y empresas, mientras que eludió los procesos de selección pública establecidos por la ley.

Además, Hernández alega la existencia de costos adicionales y otras anomalías en relación con un contrato celebrado con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT).

En un video adjunto a su publicación en redes sociales, la senadora amplió sus acusaciones, al destacar la urgencia de poner fin a la impunidad y la politiquería que, según ella, han infectado la Procuraduría bajo el liderazgo de Cabello.

“No quise radicar esta denuncia antes porque encontrábamos que con la Fiscalía de Francisco Barbosa no había garantías para el desarrollo de esta investigación”, afirmó Hernández, al hacer referencia a la gestión anterior del fiscal general. “Confiamos plenamente en que la nueva fiscal — Luz Adriana Camargo — avance con objetividad y con celeridad para evitar que los recursos públicos sigan siendo objeto de corrupción y de la política. No vamos a permitir que se sigan robando los recursos públicos”, agregó.

Las revelaciones de la senadora Hernández pusieron en tela de juicio la integridad y la gestión de la procuradora General de la Nación, lo que generó una ola de comentarios por transparencia y rendición de cuentas en las altas esferas del Gobierno colombiano.

“Esa señora debe responder por querer encubrir el Desfalco de las EPS ala nación!”; “Felicitaciones, la procuradora tiene que explicarle al pueblo que es el que le paga su salario todos estos actos de corrupción”; “Y que investiguen al hijo... Y las cuentas de la señora... Algo se trae con Sanitas y con la costa nostra”; “Excelente senadora Esmeralda Hernández, gracias por hacer, lo que los colombianos queremos hacer con los corruptos, como esta ‘señora’. Adelante senadora!”; fueron algunos de los comentarios que recibió la legisladora en X.

Mientras tanto, la procuradora no ha respondido públicamente a las acusaciones en su contra, por lo que dejó a muchos preguntándose sobre el futuro de su liderazgo y la dirección de la Procuraduría General de la Nación en medio de este escándalo de corrupción.

Este no es el primer desacuerdo entre el Pacto Histórico y la cabeza del Ministerio Público. Entre varios enfrentamientos desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, destaca la suspensión del excanciller Álvaro Leyva debido a la licitación de los pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons (TGS).

Leyva ignoró las preocupaciones sobre el presunto favoritismo hacia la empresa TGS, misma encargada de elaborar los pasaportes durante los últimos 16 años. El contrato de licitación ascendía a 599.000 millones de pesos y provocó cientos de comentarios y temores al rededor de este escándalo.