Por el denominado escándalo de Las Marionetas, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de cinco funcionarios del gobierno de Iván Duque que se desempeñaban en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El ente acusador cree que los acusados hacían parte de una red que se repartía contratos que se iban a realizar con recursos del Fondo de Inversión para la Paz para beneficiar a varios congresistas y primando intereses particulares sobre generales.
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Las personas involucradas son Pierre García Jacquard, exdirector de DPS y que supuestamente seguía órdenes del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez; Katherine Rivera Bohórquez, la antigua secretaria del exsenador; Anderson González, quien direccionó por orden de Ramírez al menos 13 contratos; Raúl Alfonso Cardoso, beneficiario de las desviaciones; y Andrés José Ospina Barreto, contratista y enlace del senador Miguel Barreto.
Todos ellos fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Pierre García habría cumplido el papel especial de ser el enlace entre el exsenador Ramírez y los demás funcionarios procesados.
En el caso de Raúl Alfonso Cardozo y Andrés José Ospina, la Fiscalía los acusa de haber conformado una empresa criminal que direccionaba los contratos, que tenían un valor de más de $70.000 millones, de forma irregular.
El escándalo de Las Marionetas es un gigantesco entramado de corrupción que involucró a funcionarios públicos, alcaldes y gobernadores, en una red liderada por el exsenador del Partido Liberal Mario Castaño, que murió de un infarto el 18 de noviembre pasado en prisión.
Esa red, que operó durante el gobierno de Iván Duque, presuntamente amañó decenas de contratos a favor de congresistas que apoyaban al entonces presidente, lo cual facilitó su gobernabilidad.
Salió a la luz gracias a las declaraciones de Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío, que hoy es uno de los testigos estrella de la investigación. Según dijo, para la entrega de los contratos con la empresa que dirigía, se enviaba un aviso para informar a los interesados y a partir de eso él mismo le enviaba en privado la invitación para participar en la propuesta.
Herrera le explicó a la Fiscalía que aunque se analizaban las propuestas y se contrataba a quien cumpliera con los requisitos, generalmente la mayoría de interesados no entregaban la documentación completa para que las exigencias solo fueran cumplidas por un proponente y que de esa manera se eligiera la empresa del interés de los congresistas.
Con el fin de que los congresistas presuntamente involucrados sean investigados, la Fiscalía compulsó copias del caso a la Corte Suprema de Justicia, la única entidad con la autoridad constitucional para investigar y juzgar a los ciudadanos pertenecientes a la rama legislativa. Los miembros del Congreso investigados son Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Ciro Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa.
Mario Castaño, que lideraba la red criminal, había sido sentenciado a 15 años y 11 meses de prisión. En el veredicto de la Corte Suprema, de 189 páginas, se podía leer que el exsenador liberal demostró una “voracidad propia de los corruptos”. Su influencia llegó hasta los Ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las alcaldías de varios municipios en los departamentos de Caldas, Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Chocó, con sus respectivas gobernaciones.
También influía en la nómina de importantes instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).
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