Comunidades indígenas ordenaron capturar a los cabecillas de las disidentes de las Farc

En un acto sin precedentes, la Jurisdicción Especial Indígena de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco emitieron una orden de captura contra los líderes de la disidencia Dagoberto Ramos, perteneciente a las antiguas FARC, responsables de recientes ataques en el norte de Cauca.

Entre los acusados se encuentran alias ‘Zapata’, ‘Brayan’, ‘Amazonas’, ‘Pulga’ y ‘Cabañas’, señalados como los principales causantes del asesinato de Carmelina Yule Paví, una respetada líder de la comunidad.

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Este hecho violento ha llevado a las autoridades indígenas a declarar una “emergencia humanitaria y territorial”, resaltando el estado crítico de seguridad en la región.

La comunidad, agobiada por los constantes actos de violencia, ha expresado su cansancio y determinación de aplicar su propia justicia para proteger su territorio y su gente.

“La comunidad ha dejado claro que no aguanta más, han sido demasiados los hechos de violencia”, señaló Leonardo Escué, líder del resguardo indígena de San Francisco. Este llamado a la acción incluye la recuperación de los puntos de control territorial en los tres resguardos mencionados, demostrando una firmeza y una unidad frente a la adversidad que aflige a estas comunidades.

El asesinato de Carmelina Yule Paví, una mayora cuya vida fue trágicamente cortada, ha removido los cimientos de estas comunidades, marcando un punto de inflexión en su lucha contra las fuerzas disidentes de las Farc. Su muerte no solo representa una pérdida humana irreparable sino que también simboliza la urgencia de restablecer la paz y la seguridad en estos territorios que han sido azotados por la violencia.

La decisión de ordenar la captura de estos comandantes disidentes subraya la gravedad de la situación y la resolución de las autoridades indígenas de enfrentar directamente las amenazas a su seguridad. “Vamos a retomar los puntos de control del territorio, como mínimo de los tres resguardos, y ordenar la captura de estos comandantes”, afirmó Escué, delineando un plan de acción firme frente a la crítica coyuntura.

Este desarrollo representa un momento crucial en la relación entre las comunidades indígenas y las organizaciones armadas ilegales en Colombia.

La acción decisiva de la Jurisdicción Especial Indígena no solo es un llamado a la justicia por los crímenes cometidos sino también un mensaje claro de resistencia y autonomía frente a la violencia que ha permeado sus vidas.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos estarán, sin duda, observando de cerca los sucesos en el Cauca, esperando que se retorne a la calma y que la justicia prevalezca para las víctimas de estos lamentables actos.

Las autoridades indígenas de Colombia han expresado su preocupación por un posible ataque armado contra sus líderes, denominado un “plan pistola”, alertando sobre el alto riesgo que esto representa para su integridad. Han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que se intensifiquen las medidas de protección hacia las comunidades indígenas, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Esta situación de alerta surge en un contexto de incremento de la presencia de actores armados en sus territorios, lo que ha causado una gran alarma entre la población indígena. Subrayan la necesidad de que el Estado implemente estrategias de seguridad que vayan más allá de la simple militarización de las áreas afectadas. Las comunidades enfatizan en su rechazo a ser utilizadas como instrumento por alguno de los bandos en el conflicto, insistiendo en una acción institucional que proteja efectivamente sus derechos y su bienestar.

Las autoridades indígenas han destacado que esta amenaza no solo representa un peligro para su seguridad física, sino que también pone en riesgo la soberanía sobre sus propios territorios. Por lo tanto, han exigido respuestas concretas y efectivas del gobierno. Además, han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que pongan atención a esta crítica situación y apoyen sus demandas de protección y respeto a sus derechos.

La situación en Colombia con respecto a las comunidades indígenas es compleja y requiere de un enfoque integral que no solo considere la respuesta militar, sino también medidas de protección social y legal que aseguren su integridad y el respeto a sus tradiciones y territorios.

El presidente habló

A través de su cuenta de X, como es habitual, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la orden de captura: “La justicia indígena ordena la captura de la jefatura de la columna Dagoberto Ramos”, fueron las palabras del mandatario. El presidente además compartió la imagen del documento.

“La comunidad del territorio ancestral del Plan de Vida Proyecto Nasa de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco (sus autoridades tradicionales, capitanías, presidentes de junta, gremios y asociaciones) ante el sistemático exterminio físico y espiritual cometido principalmente por el grupo armado denominado Dagoberto Ramos, se ha visto obligada a declararse en EMERGENCIA HUMANITARIA Y TERRITORIAL por encontrarse en alto riesgo”, se puede leer en el documento.