En vista de las posibles irregularidades cometidas por grupos disidentes de las Farc en medio de un pacto de cese al fuego, y ante un posible escenario protagonizado por omisiones a los Acuerdos de Paz con las Farc -EP, firmados en 2016, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, anunció una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno para revisar posibles soluciones.
Palmieri enfatizó en la urgencia de adoptar medidas para asegurar la implementación dicho acuerdo de paz y, además, se concentró en las soluciones tácticas para combatir las prácticas de reclutamiento forzado utilizadas por grupos ilegales en el país.
De esa manera, el diplomático anunció encuentros inminentes con representantes del Gobierno de Gustavo Petro para abordar diversos problemas, entre ellos, el mencionado reclutamiento por parte de organizaciones ilegales.
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Estos encuentros estarían planificados para el próximo 24 de noviembre, involucrarían a funcionarios del Gobierno Nacional y estarían liderados por el despacho de la vicepresidenta Francia Márquez. De modo que se centrarán en identificar medidas específicas, “acciones concretas y realizables”, sobre cuatro aspectos críticos para el embajador: programas de desarrollo territorial con enfoque étnico, reparación colectiva para víctimas del conflicto armado, mejoras en agua y saneamiento básico, y la lucha contra el reclutamiento forzado, de acuerdo con las declaraciones de Palmieri.
En sus palabras, “se abordarán iniciativas étnicas de los programas de desarrollo con enfoque territorial; la reparación colectiva, retornos y reubicaciones de víctimas del conflicto; agua y saneamiento; y lucha contra el reclutamiento forzado”, indicó Francisco Palmieri.
Y es que, al parecer, para miembros de la comunidad internacional más allá de Estados Unidos, el flagelo del reclutamiento forzoso se tornado en una preocupación de relevancia prominente. En especial, al ser integrantes de comunidades indígenas las víctimas.
“Se sigue registrando el reclutamiento. Nuestras entidades de Naciones Unidas, Unicef y otras instituciones hacen seguimiento a eso y próximamente documentarán cuál es la situación actual desde la óptica de la ONU”, sostuvo Carlos Ruiz Masseiu, responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Datos de la Defensoría del Pueblo
Al respecto, los datos de la Defensoría del Pueblo han confirmado cientos de casos de este crimen. Cabe mencionar que el reclutamiento forzado, especialmente de menores de edad por grupos armados ilegales y organizaciones criminales, es una grave violación de los derechos humanos.
De hecho, de acuerdo con un informe publicado en El Tiempo, los datos más recientes de la Defensoría del Pueblo frente al fenómeno del reclutamiento por parte de disidencias mostraron que en lo que va del 2023, 166 casos en los que menores han sido reclutados por parte de grupos armados al margen de la ley.
El reporte que habría sido publicado en la segunda semana de noviembre, además manifestó que existe la posibilidad de que dicha cifra sea un “subregistro grande”, debido a casos silenciados por familias que podrían estar amenazadas por dichas estructuras armadas, lo que podría señalar que son más casos.
Ante estas circunstancias, Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, sostuvo que “persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia del reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75% de los casos, requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, manifestó.
A su vez, el departamento más golpeado por este crimen, de acuerdo con la entidad, sería el Cauca, con 124 casos; Nariño, con 9, Arauca y Putumayo, con 6 casos; y el Caquetá con 5 casos, de acuerdo con la información publicada en El Tiempo.
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