En 2022 se registraron varias denuncias por las demoras en contratación de operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que terminó afectando a por lo menos un millón de niños menores de cinco años, según El Espectador.
El retraso en los procesos de vinculación fue adjudicado a una presunta falta de transparencia identificada en la plataforma Betto (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad), creada en 2020 para adelantar estos trámites administrativos.
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En su momento, la exdirectora del Icbf Lina Arbeláez explicó que las quejas respondían a intereses propios de operadores que no resultaron seleccionados por Betto y no por fallas de la herramienta.
Sin embargo, ahora, Bienestar Familiar anunció que la plataforma ya no será utilizada como herramienta de selección de operadores porque se identificaron posibles fallas en su funcionamiento y presuntas irregularidades en el orden en que son elegidos los oferentes.
De acuerdo con el Icbf, las falencias en el funcionamiento de Betto responden también a la posibilidad que tiene que en los procesos intervenga el factor humano. Así las cosas, durante la auditoría se identificó que la información consignada en la plataforma no cumplía con criterios de calidad obligatorios para la selección de oferentes y que esto podría generar errores en dichos trámites.
Además, se pudo constatar que algunos oferentes no contaban con calificación del Índice de Desempeño de las Entidades Administrativas del Servicio (Ideas), lo que se configura como un requisito para fungir como operador. Adicionalmente, en algunos casos en los que sí se allegó esta información, se pudo verificar que los datos no correspondían a la realidad de los territorios.
Y, aunque el factor humano puede involucrarse, el hecho de que el aplicativo funcione con inteligencia artificial impide, según el Icbf, que se adelanten procesos de verificación propia, que son necesarios para la selección de operadores.
En ese sentido, se contempla la conformación del Registro Único de Oferentes con personerías jurídicas, con el que se tendrá a la mano información de proveedores, desglosada según características específicas. Con esta herramienta también se busca poder hacer estudios del sector, establecer los requisitos de selección de oferentes y llevar a cabo los procesos de selección de manera transparente y objetiva y en concordancia con las necesidades de cada territorio.
Asimismo, el Instituto hará uso de las plataformas transaccionales de contratación y sistemas oficiales con el fin de verificar aspectos jurídicos, indicadores financieros y otros puntos de relevancia en los procesos.
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