
Una investigación de la Procuraduría General de la Nación argumenta que dos de los miembros de la Comisión Evaluadora del Mérito, comité que permitió al embajador Álvaro Ninco Daza llegar al cargo en México, cometieron faltas graves en el trámite que aprobó su llegada a la entidad diplomática en el país mexicano.
La pesquisa que adelanta El Tiempo al respecto recogió material probatorio importante para el caso que, adicionalmente, podría hacer trastabillar la continuación del embajador en su puesto.
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Resulta que los méritos de Álvaro Ninco Daza para llegar a la Embajada de Colombia en México, en cuanto a experiencia laboral y académica, son objeto de indagación para el Ministerio Público, tras haber solicitado una verificación de su hoja de vida que se inició con una inspección de la Cancillería, a principios del 2023.
Las irregularidades estarían en el nodo de faltas disciplinarias en las que están presuntamente están implicados dos miembros del comité evaluador de los méritos para este tipo de funcionarios como los diplomáticos que, a su vez, está integrado por el exministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luis Luna, también por César Manrique Soacha, cabeza del departamento Administrativo de la Función Pública, y por la exrectora de la Universidad Nacional de Colombia Dolly Montoya, como comunica en su investigación El Tiempo.
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De esta comitiva, la Procuraduría recientemente abrió pliego de cargos en contra de Luna y Manrique por haber cometido presuntas faltas graves en el desarrollo del trámite por el cual el actual diplomático colombiano en México fue recipiente del cargo en la embajada. Aunque el nombramiento de Ninco Daza lo dio el Gobierno, el cual se basó en una figura de “compensación de requisitos” ejecutada por la Comisión Evaluadora de Mérito.
En medio de las circunstancias, a principios de mayo de 2023, después de la mencionada inspección de la Cancillería, la exrectora de la Nacional afirmó que en el nombramiento no hubo un consenso entre ella y los otros dos integrantes de la comisión. Así lo reporta también El Tiempo: “Montoya rindió declaración y dejó en claro que no hubo acuerdos entre los miembros y que ella exigió que cada uno sustentara por escrito los argumentos y verificaciones independientes que se realizaron, como lo indica la ley”. Estos argumentos, sin embargo, no se tuvieron en cuenta y uno de los funcionarios no sustentó por escrito sus consideraciones.
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Así las cosas, el medio citado conoció una prueba relevante para el caso, que resultó del testimonio de la académica Dolly Montoya por medio de un audio, en el marco de la formulación del pliego de cargos contra los dos funcionarios del comité de evaluación.
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