JEP juzgará violencia sexual, de género y reproductiva: investigará a miembros de las Farc y de la Fuerza Pública

Las peticiones de un gran número de víctimas de violencias sexuales por parte de la guerrilla de las Farc y la fuerza pública lograron la apertura del macrocaso 11, que investigará los crímenes en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los magistrados abordarán las prácticas de los actores armados en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la población LGBTIQ+, la identidad de género y la violencia reproductiva. Esos últimos dos aspectos serán claves para las nuevas líneas de investigación que se podrán profundizar con la apertura del nuevo caso dentro de la competencia de la JEP.

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La investigación se centrará en tres tipos de relaciones entre los agresores y las víctimas, que son llamados subcasos: las violencias basadas en género contra civiles, tanto por parte de miembros de las Farc-EP o de la Fuerza Pública, según el grupo será un caso particular. Así mismo, se investigará ese tipo de conductas y las cometidas por perjuicio en el interior de las filas militares y guerrilleras.

El cuanto a las violencias de miembros de las Farc contra civiles, la JEP, a través del análisis de los informes allegados, estableció dos patrones: los crímenes motivados por la orientación sexual, identidad o expresión de género diversa y crímenes motivados por el sexo, contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil.

En el primer patrón, el 33% de las víctimas son personas de la población LGBTIQ+, que fueron principalmente desplazadas forzosamente (67%) o violentadas sexualmente (20%), además de casos de homicidios, desapariciones o trabajos forzados. Estas violencias se habrían cometido para castigar o “corregir” a las personas y expulsarlas del territorio.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, del segundo patrón, la Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que el 67% de los crímenes fueron motivados por el hecho de ser mujeres. Es decir que los guerrilleros tenían la idea de que podían disponer del cuerpo de las mujeres para someterlas a actos sexuales y obligarlas a prestarles servicios. También hay casos de “castigo” en el que fueron agredidas por desobedecer órdenes, contra madres buscadoras, o como represalia contra hombres de sus familias.

Según explicó la magistrada Julieta Lemaitre, el reto será lograr la identificación de los responsables. En el análisis de los 300 relatos preliminares, no hay mención a miembros del secretariado y se mencionan alias que no están identificados. Se espera que con más testimonios se pueda ahondar en los máximos responsables y encontrar a los perpetradores.

La fuerza pública, en el subcaso 2, también cometió una serie de conductas criminales en contra de personas con orientación sexual diversa, identificados en el 17% de los relatos. Se tienen casos de violencias sexuales, retenciones arbitrarias, torturas, violaciones entre otros tratos crueles, así como un objetivo por eliminarlas o expulsarlas de los territorios.

El 82% de las víctimas de la fuerza pública en el segundo subcaso corresponde a mujeres adultas y niñas. Los uniformados se aprovechaban de su autoridad para retenerlas y agredirlas, además de amedrentarlas en caso de denunciar ante otras autoridades. También se usó la tortura sexual y las violaciones como castigo al señalarlas de ser supuesta “propiedad” de los enemigos.

El magistrado Óscar Parra explicó que no se ha identificado un mayor número de casos en unidades específicas, como batallones, se cuenta con 246 casos documentados y menos de 100 comparecientes que serán citados. La mayoría de los casos se identificaron en las divisiones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

En el tercer subcaso, la JEP abordará la violencia de género entre los miembros de las Farc-EP y la fuerza pública contra sus propios compañeros y compañeras. Según el tribunal, la doctrina militar implicaba una subordinación de lo femenino hacia lo masculino, que derivó en que el rango se convirtiera en un mecanismo para perpetrar violencias.

Por ejemplo, se tienen varios relatos de violencia de género al interior del Ejército y la Policía que se cometieron en zonas en disputa, la mayoría de los casos en contra de jóvenes hombres entre 18 y 23 años que estaban prestando servicio militar. Los hechos van desde acoso hasta acceso carnal violento. En este patrón solo se ha identificado un 4% de víctimas mujeres y se tiene poca información respecto a la identidad sexual.

En cuanto a la violencia dentro de las filas de las Farc, la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, que habrían sido violentadas al alcanzar la mayoría de edad. Hay casos de sanciones contra guerrilleras por negarse a cumplir con solicitudes sexuales, esclavitud sexual, violaciones, abortos forzados y anticoncepción sexual.

La población diversa dentro de la guerrilla era sometida a “violencia sexual correctiva, la obligación de mantener en silencio su orientación o identidad sexual, y castigos que podían ir hasta el fusilamiento”.

La JEP estudia en el caso 07 la violencia sexual cometida en contra de menores de edad por parte de las Farc, tanto civiles como miembros de la estructura armada, por lo que será necesario compartir las cifras y avances para ahondar en las investigaciones.