La paz total, una de las principales políticas del presidente Gustavo Petro y que es transversal a su proyecto gobierno, tendrá un día definitivo el 22 de agosto. Ese día, representantes del Gobierno nacional, opositores y un cúmulo de expertos se darán cita en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia para discutir las demandas que buscan tumbar la prórroga de la ley de orden público.
La prórroga fue aprobada por el Congreso de la República en 2022 para permitirle al Gobierno nacional adelantar acercamientos, no solamente con grupos armados de carácter político (que ya existía), sino también con bandas criminales. Varios congresistas no estuvieron de acuerdo y presentaron demandas de inconstitucionalidad que dejaron en la cuerda floja la norma que sustenta la política conocida como ‘paz total’.
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Los magistrados de la Corte Constitucional decidieron agrupar cinco de esas demandas y convocar una audiencia pública, el 22 de agosto en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, donde se darán cita tanto los demandantes, los que participaron en la elaboración del proyecto, expertos constitucionalistas y ciudadanos ayuden a los magistrados a analizar el conflicto.
La discusión abordará la actuación de los agentes responsables de violaciones de derechos humanos y negociaciones previas con grupos armados, la constitucionalidad de entablar conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, así como la facultad presidencial de nombrar gestores de paz.
Hay un cuarto eje clave para los propósitos de paz del Gobierno nacional, los magistrados escucharán los argumentos para determinar si es posible constitucionalmente adelantar conversaciones con exmiembros de grupos armados al margen de la ley, es decir los disidentes. Algunos sostienen que no es posible darle una nueva oportunidad a personajes como Iván Márquez por haber sido firmante del acuerdo de paz de 2016.
El primero en tomar la palabra será el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, que sostiene que la prórroga no contó con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal y rechazan la facultad para levantar órdenes de captura bajo la figura de gestores de paz.
Las senadoras, también del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Andrea Holguín comparten algunos de los argumentos de su colega, pero agregan que la política desconoce el derecho a la igualdad de las víctimas y a la no repetición. Además, denuncian que hay vicios de trámite porque artículos negados por el Senado revivieron en la conciliación.
Aunque el concepto del Consejo de Política Criminal no es vinculante y es el argumento principal del Gobierno nacional, las senadoras sostienen que en discusiones similares en el pasado se ha exigido ese documento. Además, que desde la Secretaría del Senado indicaron que nunca se allegó para la discusión de la prórroga en 2022.
El último demandante que tendrá la palabra será el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien presentó una demanda porque considera que la ley “vulnera el bloque de constitucionalidad al entregar beneficios a quienes suscribieron e incumplieron el acuerdo de paz y ahora pretenden beneficiarse”, así como no hubo concepto de impacto fiscal.
Después de la ronda de los demandantes, el Gobierno nacional tendrá el turno de defender la norma. Intervendrá primero el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que deberá exponer los avances logrados y el objetivo de la política, para luego dar paso al ministro de Justicia, Néstor Osuna.
El ministro es claro en que los conceptos del Consejo Superior de Política Criminal no son vinculantes y, según El Tiempo, parte de sus argumentos se basan en que la prórroga de la normativa no cambia el ordenamiento penal, como es competencia del organismo colegiado, sino que tarta asuntos relativos al orden público y la solución pacífica de conflictos.
Posteriormente, intervendrán en la audiencia el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, quienes han planteado públicamente sus diferencias con el texto y podrían reiterarlas ante los magistrados que tomarán la decisión, luego de analizar los argumentos expuestos, de mantener la ley de paz total o tumbarla.
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