La Procuraduría General de la Nación (PGN) revisó 27 proyectos que se están ejecutando en el departamento de Huila y encontró irregularidades en algunos de ellos. La totalidad de las obras representa una inversión de casi $520.000 millones, que están bajo la lupa del organismo de control.
El Grupo Especial de Seguimiento de Regalías en el departamento, encargado de hacer la visita e inspección a los diferentes proyectos, identificó anomalías en obras orientadas al desarrollo de ciencia y tecnología, así como en algunos de vivienda.
“Se logró en uno de ellos la liberación de los recursos por un valor cercano a los $30.000 millones”, informó el procurador delegado para el Seguimiento de los Recursos del Sistema General de Regalías, John Harvey Pinzón Navarrete.
Con respecto a las obras de vivienda, el procurador delegado hizo énfasis en uno específico que está ubicado en Neiva. “Es importante resaltar aquellos proyectos de inversión pública que tienen que ver con viviendas, uno en específico, en una zona puntual del municipio de Neiva, que tiene que ver con el otorgamiento de subsidios económicos para 400 viviendas”, explicó Pinzón.
En las revisiones que adelanta la Procuraduría también se vigilan los componentes de obra, como la mampostería, la estructura, las ventanas y las puertas.
El organismo de inspección continuará llevando a cabo acciones preventivas para proteger los recursos de regalías y, de ser el caso, adelantará los procesos disciplinarios correspondientes.
El dudoso proyecto de Pitalito
La PGN ya había informado en mayo de 2023 sobre un proyecto de ciencia y tecnología que presentaba riesgos de financiación en Pitalito (Huila). Se trata de la construcción de un centro de tecnología en el departamento, cuya inversión estaba cerca de los $30.000 millones. Específicamente, la Procuraduría evitó la pérdida de $ 29.849.532.511
“Las alarmas las prendió el Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías del Ministerio Público (GES) por cuanto se evidenció que el proyecto a realizarse en el municipio de Pitalito se encuentra sin contratar desde hace más de 14 meses y que, literalmente, tiene gravísimas dificultades para su ejecución”, señaló el organismo de control en un boletín informativo.
El Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías del Ministerio Público (GES) alertó sobre los riesgos que presentaba dicho proyecto, que está financiado con recursos de regalías. Su aprobación se hizo en marzo de 2022 y, para mayo de 2023, había presentado varios inconvenientes que obligaron a mantenerlo detenido.
“En el enredado proceso está el caso de Comfamiliar Huila, entidad que se comprometió a entregar el lote y a sumar su aporte económico, $ 8.695.537.647, pero una decisión de la Superintendencia de Subsidio Familiar la tiene con media cautelar de intervención administrativa, dificultando aún más el inicio del proyecto”, explicó la Procuraduría en su momento.
Además, de eso, se presentaron dificultades adicionales que responde al incremento de los precios de equipos, mano de obra y software necesarios para el proyecto. El aumento sería de un 40%.
Por eso, el departamento de Huila solicitó que los recursos fueran liberados. De ser así, dijo la Procuraduría, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología estaría vigilando para evitar así un detrimento patrimonial.
El pliego de cargos al consorcio GIVIS Huilas Ltda
Esta no es la primera vez que la PGN alerta sobre irregularidades en proyectos de inversión en Huila. En noviembre de 2022 profirió cargos a los representantes legales de las empresas que integraron el consorcio Givis Huilas Ltda. De acuerdo con el organismo de inspección, hubo una presunta apropiación de recursos públicos que estaban destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural, las cuales beneficiarían a los habitantes de los municipios de Tarqui y Suaza.
Diana Paola Cedeño Chicaiza, Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña, representantes legales de la Fundación para el Desarrollo de Colombia (Fundecol), la Cooperativa Creer en lo Nuestro y el consorcio Givis Huilas, fueron los afectados por la decisión de la Procuraduría. Ellos, habrían recibido un poco más de $3.000 millones, los cuales debían haber sido utilizados para la construcción de 267 casas y el mejoramiento de otras 22.
“Los dineros, consignados en la cuenta corriente de una corporación financiera para que fueran administrados por el consorcio, aparentemente fueron girados a personas jurídicas y naturales diferentes al contratista y la empresa interventora.”, señaló la PGN.
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