Comunidades indígenas en el Amazonas y Vaupés son víctimas de las disidencias de las Farc: Defensoría de Pueblo emitió alerta inminente

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta de Inminencia 017-2023, por las amenazas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc en contra de las comunidades indígenas en el Vaupés y el Amazonas, donde están presentes el Frente Primero Carolina Ramírez y el Frente Primero Armando Ríos.

El llamado se hizo desde Leticia, durante la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) en la que se determinó la amenaza para las comunidades ubicadas entre ambos departamentos, principalmente en los municipios de Taraira (Vaupés), en el resguardo Yaigoje Apaporis y otros cinco resguardos ubicados en el “eje Caquetá”.

Mediante un comunicado de prensa, la Defensoría afirmó que no se debe olvidar que la violencia contra estas comunidades persiste, de hecho el organismo ha registrado en los últimos meses el reclutamiento forzado de 17 menores de edad, el homicidio de consumidores de sustancias psicoactivas, amenazas, desplazamientos forzados y extorsiones y crímenes cometidos por el EMC.

La alerta también estableció las relaciones entre el EMC y grupos armados brasileños, que habrían constituido una operación transnacional tanto para el tráfico de sustancias estupefacientes, como para el de materiales necesarios para minería ilegal. Entre las organizaciones brasileñas se encontrarían el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital.

De hecho, el 31 de marzo indígenas en las comunidades de Puerto Cedro y Centro Providencia (Amazonia), así como de Bocas de Uga (Vaupés) denunciaron que fueron forzados a desplazarse al municipio de Taraira.

Jóvenes de las comunidades indígenas fueron víctimas de homicidios con alto grado de sevicia, estos fueron acusados de consumir sustancias. Según las denuncias, hombres armados y con camuflados llegaron a sus territorios, el 24 de marzo, torturaron y asesinaron a los acusados. En total, 37 personas fueron obligadas a salir de sus hogares, 16 son niños.

La alerta fue enviada al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicándole que el EMC busca reclutar menores de edad para sus operaciones militares, así como para transportar cocaína hasta Brasil.

Hasta el momento, la Defensoría ha registrado 17 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, diez se dieron en 2023. En el contexto del área no municipalizada de La Pedrera, estos hechos se enmarcan en el escenario de riesgo descrito para la Alerta Temprana 022-2021.

“Estos hechos están impactando de manera grave y diferencial el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afectando los ejercicios de autodeterminación, autonomía o libre determinación, identidad cultural y derecho al territorio. Por todo esto, hemos exhortado a las principales autoridades nacionales a implementar medidas rápidas, adecuadas y oportunas para la gestión integral del riesgo bajo una perspectiva de derechos humanos; Derecho Internacional Humanitario (DIH), y de seguridad integral para evitar nuevos riesgos”, explicó Camargo.

El documento se suma al llamado hecho por Camargo al ECM, el 22 de mayo, cuando repudió el reclutamiento de menores de edad en la zona y la masacre de los niños indígenas Muruy, presentado cuando los menores intentaron desertar del grupo armado.

La comunidad indígena encontró los cuerpos de los menores en inmediaciones de la población El Estrecho y procedió a velarlos y sepultarlos. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) repudió los hechos e indicó que estas comunidades “han sufrido constantemente vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”.