Por 12 horas permanecieron los cinco ciudadanos venezolanos en la isla Cayo Pescador, ubicada al frente de Albuquerque, luego de ser robados y abandonados allí por los denominados “coyotes” que les habían prometido trasladarlos desde el archipiélago de San Andrés hacia Nicaragua a cambio de 1.200 dólares.
Infantes de Marina, que siempre están rondando la zona, reportaron al Centro de Operaciones de San Andrés la presencia de personas sospechosas en el cayo mencionado, por lo que enviaron personal para verificar la situación. Al llegar a la pequeña isla, notaron que se trataba de ciudadanos venezolanos, que manifestaron que llevaban 12 horas allí, abandonados por quienes los transportaban luego de haberles hurtado sus pertenencias.
Dentro del grupo de migrantes había una mujer embarazada y un niño. “A nosotros nos ofrecieron un viaje que nunca pudo ser completado. Al cayo llegamos por milagro de Dios, porque se apiadaron de que íbamos con una embarazada y un niño, pero lo perdimos todo”, relató otro de los rescatados.
Estas cinco personas fueron rescatadas en una operación humanitaria realizada por los Guardacostas de San Andrés, que además advirtieron de los riesgos que corren los viajeros irregulares al movilizarse en embarcaciones que no están permitidas para la navegación en altamar.
La Armada nacional recalcó que se están utilizando embarcaciones que no son aptas para transportar a seres humanos, con motores en mal estado que no cumplen con las normas de marina, como la de tener un respaldo en caso de emergencia. Algunas embarcaciones ni siquiera cuentan con sistema de navegación y llevan combustible al interior sin extintores.
Luego de verificarse el estado de salud de las personas rescatadas, fueron transportados a tierra firme por tripulantes de la Institución Naval a la Estación de Guardacostas de San Andrés, para posteriormente ser puestos a disposición de Migración Colombia. El menor de edad, por su parte, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos.
Así es la nueva ruta para emigrantes ilegales desde San Andrés a Estados Unidos
La migración irregular en Colombia no cesa. Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación, ente de control que dio a conocer que actualmente se ha creado una nueva ruta “VIP” en San Andrés para el tránsito migratorio ilícito hacia Estados Unidos.
La ruta, de acuerdo con la alta funcionaria, pretende que los migrantes irregulares lleguen de forma más rápida a Nicaragua, para luego pasar a México y así terminar en Estados Unidos, de tal forma que eviten cruzar por el Tapón del Darién y afrontar los riesgos que dicha zona representa.
Respecto a los ciudadanos que más usan dicha ruta migratoria, la Procuraduría indicó que, según cifras de Migración Colombia, provienen de Venezuela, Uzbekistán, China, Vietnam, Serbia, Nepal, Bielorrusia y Bosnia.
En cuanto a las tarifas de esos “paquetes turísticos” de migración ilegal, el Ministerio Público reveló que el costo oscila entre los 1.500 a 4.000 dólares.
Ante ese nuevo panorama de tránsito ilegal de migrantes, la Procuraduría hizo un llamado al sector hotelero del archipiélago para que las empresas de turismo y las aerolíneas reporten en los sistemas de información el número de turistas que reciben, con el fin de fortalecer los controles de revisión e identificación de los visitantes que arriban a la isla.
De igual forma, “la procuradora Cabello hizo un llamado a la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE y a Migración Colombia para la articulación e interoperabilidad que permita confirmar en tiempo real la información de turistas”, informó el Ministerio Público a través de un comunicado.
La procuradora así mismo solicitó al director nacional de Migración Colombia aumentar la capacidad de talento humano en cada una de sus dependencias, al igual que considerar implementar un sistema de reconocimiento biométrico para el ingreso y salida de viajeros en el Archipiélago de San Andrés.
Como último punto, el ente de control solicitó que se pongan en marcha acciones urgentes en la isla, con el fin de evitar un aumento en la migración irregular y, por ende, una disminución en el número de visitantes a la región.
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